Qué el transporte está acostumbrado a que le tomen el pelo, que le prometan cosas que luego no se cumplen, es un hecho.
La última “jugada” está relacionado con la carta de porte y su obligatoriedad, y es que se ha publicado que los agentes autorizados a multar por su falta (Guardia Civil en las comunidades que no tienen transferido la competencia de tráfico), han recibido una comunicación del ministerio de transportes, con una instrucción que comunica que los agentes encargados del control no pueden sancionar al transportista que no disponga de la carta de porte, o que no la tenga cumplimentada correctamente.
Según esta instrucción, los organismos competentes para sancionar son los servicios de inspección estatales o los autonómicos, pero no la Guardia Civil. Tenemos que recordar que el pasado 02/08/2022 se aprobó el Real Decreto ley 14/2022 con las medidas de apoyo al transporte, y que fueron consensuadas como resultado de la huelga llevada adelante durante el mes de abril por el sector del transporte.
Entre algunas de las cuestiones obligatorias que se recogen en el Real Decreto Ley, por ejemplo, se establece que todos los envíos con un importe superior de servicio de 150€, debe de formalizarse por escrito (carta de porte o similar), donde además como contenido, debe de estar incluido el precio del transporte.
Para el Ministerio de Transporte, los documentos de control que puede requerir la Guardia Civil cuando realice un control de transporte de mercancías por carretera, son únicamente los que la normativa de transporte regula, es decir:
- Transporte nacional: Documento de control de transporte
- Transporte internacional: CMR
Por lo tanto, los agentes de tráfico no pueden sancionar por carecer de la carta de porte o porque esta no esté correctamente cumplimentado, por ejemplo, por no reflejar el precio del transporte. Esta competencia es, según el Ministerio, responsabilidad de los Servicios de Inspección de Transporte (nacional o de las comunidades autónomas), en el marco de los controles que puedan realizar tanto a empresas de transporte como empresas cargadoras.
De igual forma, todos los boletines de denuncia que la Guardia Civil haya expedido por este motivo, quedan “anulados” por lo que se puede entender de la instrucción del Ministerio de Transporte, aunque no quede explicitado como tal.
Lo que si queda claro, una vez más, es que las autoridades políticas juegan siempre con alguna “carta marcada” cuando negocian con los transportistas, de no ser que quien negocio en nombre de estos, tuviera también el mismo objetivo, y es que una parte importante de la representación sectorial estaba en manos de las empresas cargadoras, que se oponen de forma frontal a que el precio del transporte se refleje en la carta de porte.
Artículo propiedad de Carlos Zubialde
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