La Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha decidido aplazar al 22 de junio la huelga del transporte por carretera de mercancías y viajeros que tenía prevista para el 8 de junio, una decisión que cambia la fecha, pero no el origen del conflicto ni la posición del sindicato frente al Gobierno.
El aplazamiento responde, según el propio sindicato, a la visita del papa León XIV a España entre los días 6 y 12 de junio, que generará importantes necesidades de movilidad en distintos puntos del país. UGT ha argumentado que no es el momento de añadir dificultades adicionales a los millones de ciudadanos que participarán o se verán afectados por los dispositivos especiales de movilidad previstos.
El sindicato, no obstante, mantiene íntegramente sus reivindicaciones y advierte de que, si el Gobierno no ofrece respuestas concretas y por escrito antes del 22 de junio, la huelga estatal en el transporte por carretera comenzará en esa fecha de forma indefinida.
La disputa tiene un único eje, la solicitud de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación de los conductores profesionales, presentada conjuntamente por UGT, CCOO, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y Confebus, con el argumento de que la conducción profesional debe ser reconocida como una actividad especialmente penosa y con elevados índices de siniestralidad.
La ley que regula los coeficientes reductores establece que seis meses es el plazo máximo para resolver el procedimiento, y que, transcurrido ese plazo sin resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas. Eso es exactamente lo que ha ocurrido: los expedientes llevan más de siete meses sin respuesta formal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La ministra Elma Saiz respondió en el Congreso hace una semana que la solicitud sigue su curso, pero sin concretar en qué situación se encuentran los expedientes, qué plazos maneja el Ministerio ni cuándo se adoptará una resolución definitiva. UGT señala que sigue sin disponer de ninguna notificación formal que confirme oficialmente esas afirmaciones.
CCOO, que también presentó la solicitud junto a la patronal, no se ha sumado a la convocatoria de huelga por considerar que la Seguridad Social trabaja en su tramitación, lo que introduce una fractura visible entre los dos grandes sindicatos, pese a que su peso en el sector del transporte es muy residual.
El conflicto pone sobre la mesa una cuestión que el sector lleva tiempo señalando. Los conductores están expuestos durante años a largas jornadas, fatiga acumulada, turnicidad, nocturnidad, sedentarismo y elevados niveles de responsabilidad, circunstancias que afectan directamente a la salud laboral y a la seguridad vial. La escasez estructural de conductores profesionales, que ya lastra la capacidad operativa del sector, hace que esta cuestión tenga más capas de las que aparenta: no solo es un debate sobre pensiones, sino sobre las condiciones en las que se está sosteniendo una profesión con una demanda creciente y una oferta que no crece al mismo ritmo.
El 22 de junio es ahora la fecha que marca el calendario. Si el Ministerio no ofrece una respuesta concreta antes de esa fecha, el sector del transporte afrontará una huelga indefinida cuyo alcance real dependerá en buena medida de si CCOO termina sumándose o mantiene su posición al margen, o si finalmente, estamos ante otro brindis al sol de los sindicatos, más preocupados de salvar su imagen que las reivindaciones reales,
Carlos Zubialde
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