Las valoraciones que se hacen desde el sector del transporte sobre el Real decreto ley de medidas de sostenibilidad del sector, son inicialmente buenas, aunque tienen un importante punto que resolver: la seguridad jurídica del mismo no está garantizada como tal.
Después de varios acuerdos entre el gobierno y distintas plataformas y asociaciones, resultado de las convocatorias de huelga y huelga vivida en el sector durante el 2022, el RD Ley 6/2022 define aspectos importantes para el sector como la regulación de la carga y descarga, las ayudas al sector o el famoso precio mínimo.
Se han dado pasos en la Ley de Cadena de Transporte, en la cual se persigue el objetivo de evitar que se trabaje por debajo de coste, eliminar los desequilibrios en la contratación de los servicios de transporte, pero el texto en si queda muy lejos de lo que el sector reclamaba, no conteniendo unos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado.
Esto quiere decir que tal cual se firma el Real Decreto Ley, su aplicación no es efectiva, por lo que los cargadores podrán seguir trabajando igual que hasta la fecha en lo referente al precio del servicio, ya que no existe una normativa asociada al REal Decreto Ley, que haga cumplir la misma.
Y para terminar, se ha dejado fuera uno de los puntos más críticos, como es la limitación de la subcontratación de la cadena de transporte. Es verdad que se han dado de un periodo adicional de 6 meses, pero viendo como se está desarrollando la negociación, parece que el Gobierno sabe lo que hace, creando una legislación sin desarrollar la normativa asociada, sabiendo que ese es el punto nuclear por el cual todo puede seguir tal y como estaba en tiempos pasados.
Artículo de Carlos Zubialde
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