Es de sobra conocido y por ello no deja de llamar la atención el conocimiento generalizado que la sociedad tiene de las irregularidades que se dan dentro del mercado laboral. Es muy común escuchar conversaciones en las que se comenta cómo una empresa tiene trabajando a sus empleados sin contrato, o cómo ciertos trabajadores están contratados a tiempo parcial cuando realmente trabajan a jornada completa, y un largo etcétera.
El sector del transporte y la mensajería nunca han sido ajenos a estos comentarios, los que ya peinan canas han conocido muchas situaciones a las que describía al principio, sobre todo en dos áreas muy concretas:
1-La ausencia de titulación y permisos para operar en transporte
2-La anómala situación de los chóferes/transportistas/mensajeros autónomos
En la actualidad las empresas de mensajería están en la diana de las inspecciones de trabajo al tener que aplicar el Convenio de Transporte de Mercancías por carretera, que supone un mayor nivel salarial y, por tanto de cotizaciones, que el
convenio sectorial de Mensajería.
Esta no es una situación actual sino que ya viene de hace un tiempo, pero si es verdad que no esta teniendo una repercusión mediática, y por eso quiero explicar la situación en la que se encuentran hoy día muchas de las empresas de mensajería en España.
Los inicios
La situación comienza en el año 2012 con la firma de
II Acuerdo General de Transporte de Mercancías por Carretera, publicado en el BOE de fecha 29/03/2012; este acuerdo fue firmado por las asociaciones patronales CETM y CEOT (UNO, ANATRANS y ASTIC) así como los sindicatos
UGT y
CCOO.
La Asociación Española de Mensajería (AEM), que no participo en dicho acuerdo, cosa con la que no estaba conforme e interpuso una demanda ante la Audiencia Nacional contra dicho acuerdo, ya que entendía que existía falta de legitimación y de representatividad para incluir en el ámbito de aplicación del acuerdo a las Empresas de Mensajería a las que representaba mayoritariamente AEM; con la ausencia de AEM entendía que el acuerdo no era posible aplicar al sector de la mensajería sin que la representación de éstas hubiese participado de la elaboración de la norma.
Después de varias reuniones entre los firmantes del acuerdo y AEM, llegaron a un compromiso por el que las partes suscribieron un nuevo acuerdo ante la Audiencia Nacional por el cual las Empresas de Mensajería quedaban incluidas en el ámbito funcional del II Acuerdo General de Transporte, si cumplían determinados requisitos.
Y aquí esta según parece la piedra angular de la actual situación, y es que en uno de los artículos, concretamente en el 3º llamado "
Ambito Funcional" que dice literalmente:
“El II Acuerdo general es de aplicación a las empresas que, al amparo de los correspondientes títulos habilitantes de Transportista o de Operador de Transporte regulados por la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, realicen actividades de transporte público de mercancías por carretera en vehículos automóviles que circulen sin camino de rodadura fijo y sin medios fijos de captación de energía y/o las denominadas auxiliares y complementarias del transporte de mercancías, incluidas las actividades de mensajería y de logística, entendiendo por esta última la que cubre la planificación, la organización, la gestión, la supervisión y la realización de las actividades de transporte de mercancías en la cadena de suministro…”
¿Y que quiere decir esto?
La interpretación que se hace es que todas las Empresas de Mensajería que dispongan de la Autorización de Operador de Transporte (OT) debería de aplicar
obligatoriamente el Convenio Colectivo de Transporte Provincial de la dirección fiscal de la empresa, por tanto, el
convenio de Mensajería únicamente será de aplicación para aquellas empresas, cuya actividad no precise de Autorización Administrativa.
Con esto en la mano, y antes de que venzan antes de que prescriban las cotizaciones complementarias que puedan generarse para las empresas que no hayan actualizado el salario de sus trabajadores, la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha distintas inspecciones por toda la geografía española.
El objetivo son las empresas de Mensajería, que normalmente son empresas con un margen de beneficio ínfimo, lo que pondrá en riesgo la supervivencia de muchas de ellas, castigadas por los años de crisis, donde su volumen de envíos ha cambiado del B2B hacia el B2C, su mix de producto ha "empobrecido" con la desaparición de los servicios premium y la llegada masiva de entregas ecommerce, con un coste laboral muy alto y una rentabilidad nula.
¿Y que están haciendo?
Las empresas de Mensajería están afrontando la situación con serenidad y colaboración, entendiendo y defendiendo sus intereses entendiendo que su actividad es la de la mensajería. Es otra dura "prueba"mas en el tortuoso camino de los últimos años, la crisis, la bajada de rentabilidad, la aparición de los envíos ecommerce, la economía colaborativa y otros muchos frentes a los que día a día hacen frente para que cada paquete sea transportado en su plazo y el país no se detenga.
Artículo propiedad Carlos Zubialde
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