

Legislación, costes y confianza en el comercio electrónico, principales afectados por el Brexit
mayo 13, 2019
Uno de los sectores a los que más perjudicará la salida del Reino Unido de la Unión Europea será el del comercio electrónico. Se trata de un área que, según datos recientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya superó en España los 10.000 millones de euros en el tercer trimestre de 2018, es decir, un 30% más que en el mismo periodo de 2017.
El Reino Unido es, por su parte y a causa de la regulación que tiene, el segundo territorio europeo con mayor facilidad para los negocios, después de Alemania. Además, es uno de los países con mayor volumen de compras online del continente europeo. Sin embargo, con el Brexit esto podría cambiar completamente.
Es posible que Reino Unido y Bruselas no lleguen a un acuerdo en relación al comercio online, una circunstancia que puede afectar tanto a empresas como a usuarios. Es por ello por lo que se debe valorar cómo perjudicará el Brexit en cada caso para poder tener un plan de contingencia y ponerlo en práctica en caso de que así se precise.
“A pesar de que aún no sabemos en qué medida afectará el Brexit a la libra esterlina, por la experiencia que ya tenemos del sector de la compra-venta online, sabemos que este se verá perjudicado por determinados factores que todos, vendedores y compradores, tanto europeos como no europeos, deberemos tener en cuenta a la hora de plantearnos si merecerá la pena o no invertir en el comercio digital con y hacia el Reino Unido”, explica Tino Hyland, director general de Hyland Shipping.
De hecho, diversos estudios han demostrado cómo el comercio electrónico entre países con fronteras a nivel comercial sigue representando situaciones complicadas, tales como la rapidez en la llegada del producto al comprador final, uno de los factores más relevantes en este sector y que realmente marcan la diferencia entre unas y otras compañías.
Además de la velocidad en la entrega, existen otros retos añadidos: la llegada del producto en perfectas condiciones, la posible necesidad de reparación, la dificultad para hallar información sobre garantías y derechos, los fallos técnicos, los posibles fraudes o la falta de comercialización en países concretos o en territorios a los que las empresas, por unos u otros motivos, no son capaces de enviar los productos.
