Hay noticias que resumen su propia ironía sin necesidad de adjetivos, aunque se me pueden pasar unos cuantos por la mente. El Gobierno aprobó en junio una rebaja de 12 céntimos adicionales en el impuesto sobre el diésel para septiembre, con la promesa de aliviar el bolsillo de transportistas y consumidores. En el surtidor, esa rebaja se dejó notar en 6 céntimos durante los primeros días del mes, y a partir de ahí el gasóleo inició una subida sostenida que lo sitúa hoy 16 céntimos más caro. Cuentas rápidas: el alivio fiscal no solo desapareció, sino que se convirtió en un encarecimiento neto. Y cuando llega la hora de las explicaciones, es cuando hayq ue poner el cascabel al gato, y todos esconden la cabeza.
Una rebaja fiscal es una decisión política que renuncia a recaudar dinero público con un objetivo, que llegue al precio final. Si no llega, el dinero no se ha ido a ningún sitio invisible, se ha quedado en algún eslabón de la cadena que no es ni el consumidor ni el transportista. La pregunta que me hago entonces, es si los operadores petrolíferos han absorbido parte de ese esfuerzo fiscal para engrosar sus márgenes en plena crisis de precios.
Lo verdaderamente llamativo, sin embargo, no es la sospecha, sino que la propia norma ya preveía cómo comprobarla (la que sacó el Gobierno junto con la aplicación de la rebaja fiscal). El real decreto de junio obligaba a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a publicar una lista pública de estaciones de servicio con comportamiento anómalo, precisamente para que los consumidores pudieran reclamar y Hacienda pudiera inspeccionar. Han pasado tres meses. Y aquí tenemos la sorpresa: la lista no existe, tampoco el informe técnico de seguimiento, y el organismo encargado de vigilar guarda un silencio que la patronal califica de injustificado con más razón de la que cabría esperar de una queja sectorial rutinaria.
No hace falta suponer mala fe para señalar el problema, porque un mecanismo de control que no se ejecuta deja de ser un control y pasa a ser un decorado, un simple brindis al sol en boca de la clase política. Se aprueba una ayuda, se anuncia con titulares, se prevé una supervisión, y cuando llega la hora de comprobar si el dinero ha llegado a donde debía, nadie enseña los resultados. Quien pierde en ese proceso es siempre el mismo, el transportista que paga el combustible al contado, el autónomo que hace cuentas cada semana, y el consumidor que ve subir el precio del pan porque alguien, en algún punto de la cadena, tiene que trasladar ese coste, sin mencionar, claro, el precio al que está repostando su vehículo particular (un 40% más caro que hace un año).
Porque este no es solo un asunto del sector del transporte. Cada céntimo que no se traslada de una rebaja fiscal es un céntimo que reduce la eficacia de cualquier política de ayudas futuras, y erosiona la confianza en que las medidas anunciadas tengan un efecto real. Si las rebajas se diluyen sin que nadie rinda cuentas, la próxima vez que el Gobierno decida aprobar una, el sector tendrá derecho a preguntarse si servirá para algo. Y esa desconfianza, una vez instalada, y que creo que ya lo está hace años, costará mucho más de reparar que publicar una lista.
Hay una salida sencilla a todo esto, y no requiere ninguna innovación normativa, basta con que la CNMC publique lo que la ley le obliga a publicar, con nombres, estaciones y datos. Si las petroleras han trasladado íntegramente las bonificaciones, la lista lo demostrará y el asunto quedará zanjado. Si no lo han hecho, el Gobierno tendrá por fin evidencia para actuar. En ambos casos, ganaría la transparencia, incluso para el sector de las estaciones de servicio, que se quejan de la etiqueta de apoderarse de esa rebaja fiscal.
Que no se publique nada es, en el fondo, lo único que no tiene ninguna justificación posible.
Carlos Zubialde
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