La ciudad de Nueva York acaba de recuperar más de 9 millones de dólares que la compañía estadounidense Amazon acumuló en multas por incumplir una norma municipal que prohíbe mantener el motor en marcha durante más de tres minutos cuando el vehículo está detenido. El alcalde Zohran Mamdani anunció el cobro esta semana, y la medida va mucho más allá de una disputa local: toca de lleno a un modelo de distribución urbana que muchas ciudades europeas observan cada vez con más atención.
La norma no es nueva, lleva años en vigor en Nueva York y los ciudadanos pueden denunciar infracciones de forma anónima a través de una línea municipal o por internet. Lo que sí ha cambiado es la intensidad del enforcement: desde principios de este año, el Departamento de Finanzas de la ciudad puso en marcha una iniciativa específica para cobrar la deuda acumulada por la red de Amazon Logistics, que opera mediante una densa malla de transportistas subcontratados. El resultado ha sido el cobro íntegro de lo adeudado, después de años en los que las multas habían quedado sin saldar.
El dato que más llama la atención no es la cifra económica, sino el origen de las infracciones: vehículos de reparto de última milla que paraban con el motor encendido durante las entregas. Una práctica habitual en cualquier ciudad con alta densidad de reparto, ya sea para mantener la carga del vehículo eléctrico auxiliar, por comodidad del conductor o simplemente por la dinámica de un turno de trabajo ajustado al máximo. En ciudades como Madrid, Barcelona o Berlín, el debate sobre las emisiones del reparto urbano sigue siendo más normativo que sancionador, pero el caso neoyorquino demuestra que la vía del enforcement existe y funciona cuando hay voluntad política de aplicarla.
El programa ciudadano de denuncias ha crecido un 1.700% desde su lanzamiento en 2009, y solo en lo que va de año ha recibido más de 62.000 quejas, según el comunicado de la alcaldía. Son cifras que reflejan hasta qué punto la presión social sobre la contaminación del reparto ha cambiado, y que sitúan al repartidor —y, por extensión, al operador logístico que diseña sus rutas y su jornada— en el centro del debate medioambiental urbano.
Para el sector del transporte, hay que aplicar una cuestión operativa, porque el motor en ralentí durante una entrega ya no es una cuestión dentro de la gestión de flotas, sino un vector de riesgo regulatorio y reputacional. Y no solo para los grandes operadores. Cualquier empresa de reparto que opere en entornos urbanos bajo normativa ZBE o con flotas subcontratadas tiene en el modelo americano un aviso temprano de hacia dónde pueden ir las exigencias europeas.
Amazon, con una valoración de mercado de dos billones de dólares según sus propias cifras, no pagó las multas hasta que la ciudad activó mecanismos coercitivos específicos. La pregunta que queda en el aire es si el problema era desconocimiento, descuido operativo o simplemente una apuesta por que nadie iría a cobrar. Las tres posibilidades dicen algo distinto sobre cómo las grandes plataformas de distribución gestionan su relación con las ciudades en las que operan, y ninguna de las tres resulta especialmente cómoda.
Carlos Zubialde
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