Siguen acumulándose los problemas para Correos, en esta ocasión es la comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien denuncia que el operador lleva años sin cumplir con la Ley postal. La denuncia puede suponer una puerta para muchos operadores privados que podrían reclamar muchos millones de euros.
En concreto, la CNMC indica que correos no cumple con la Ley postal desde el 2016, y en un comunicado insta a Correos a que rectifique sus resultados desde ese año en adelante, teniendo en cuenta que para ellos, Correos contabiliza las notificaciones administrativas como un tipo de carta certificada, y que forma parte del Servicio Universal, cuando, en realidad, no lo son.
Es preciso aclarar que las notificaciones administrativas son envíos de correspondencia de hasta 2 kilos de peso, con hasta dos intentos de entrega en el domicilio bajo firma, gestión de entrega de acuerdo y prueba de entrega como garantía de recepción. Estamos hablando de un segmento con un volumen muy importante de envíos y de ingresos para Correos (6% del total de envíos y más de un 32% de los ingresos).
Hablamos de un segmento que quedo liberalizado a partir del año 2011, fecha hasta la que Correos se encargaba de las notificaciones interurbanas. Al perder la "exclusividad", lo que hace Correos es contabilizar las notificaciones como cartas certificadas, que es otro servicio distintos donde solo hay garantía de prueba de entrega de los sobres.
Este "truco" ya fue señalado por la CNMC desde hace tiempo, pero Correos no hizo caso y siguió contabilizando las notificaciones como cartas certificadas, aduciendo que esa forma de contabilizar estaba plenamente avalada por la Comisión Europea y por el Consejo de Ministros de España. Pero esto puede cambiar de forma radical, ya que el Tribunal supremo avala y da la razón a la CNMC en su apreciación de la incorrecta contabilización.
¿Qué supone todo esto?
El impacto que esto puede tener es de gran calibre; estaríamos hablando que Correos habría estado "falseando" su contabilidad, engordando la parte del Servicio Postal Universal, para recibir mayor cantidad de dinero desde los presupuestos generales del Estado, que supondría una práctica contra la competencia, además de claro esta, la malversación que supondría.
Y todo esto al final se traduce en dinero, por un lado, lo que los operadores privados podrían reclamar por esta práctica, que se sumaría primero a la muy delicada situación financiera de Correos (perdió 120 millones de euros en el 2023), y seguido por la sentencia que tiene pendinte por el juicio del caso Unipost, en el cual si se le sentencia y considera culpable, hay una petición de indemnización de 300 millones de euros.
La SEPI, gestora de Correos, ha presentado un plan estratégico no sin polémica (han intentado que los sindicatos lo firmen sin conocerlo), pero lo que sobrevuela con mucha fuerza desde hace tiempo, es la posibilidad de que Correos sea liquidada como medio para terminar con la sangría de dinero que supone el operador postal.
Carlos Zubialde
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