Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, registró este jueves en el Ministerio de Transportes lo que él mismo ha calificado como un proyecto de real decreto ley, redactado por los propios miembros de su organización, con el objetivo de impedir que los transportistas trabajen por debajo de sus costes. La propuesta busca mejorar la norma aprobada en agosto de 2022 con ese mismo fin, y Hernández ha defendido a las puertas del Ministerio que, al entregar el texto ya elaborado, esperaba una respuesta rápida por parte del departamento que dirige Óscar Puente.
La entrega tiene una particularidad relevante, porque por definición los decretos ley solo pueden ser elaborados y aprobados por el propio Gobierno, no por una asociación externa. Hernández ha insistido en que su propuesta no fija precios mínimos en el transporte, algo que reconoce como ilegal, sino que reclama que la Administración abra procedimientos de investigación cuando un porte se contrate por debajo de una cantidad de referencia, tomando como base el Observatorio de Costes que elabora el propio Ministerio. Según ha explicado, cualquier transporte facturado por debajo de esa referencia serviría como indicio para iniciar una inspección, sin que ello implique necesariamente una sanción automática.
Plataforma no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, el órgano que el Ministerio reconoce como su interlocutor oficial, lo que explica que Hernández no fuera recibido por ningún representante del departamento y se limitara a registrar la documentación, además de solicitar una reunión directa con el ministro. El presidente de la organización sitúa el origen del malestar actual en el conflicto de 2022, cuando su entidad llegó a paralizar parte del transporte durante dos semanas tras el estallido de la guerra en Ucrania, y el decreto que finalmente se aprobó aquel agosto le sigue pareciendo insuficiente. En esta ocasión, Hernández se ha mostrado más cauto sobre una eventual movilización, condicionándola a la respuesta que reciba del Ministerio en los próximos días.
La reacción no se ha hecho esperar por parte de Conetrans, confederación integrada en la CETM, que convocó una rueda de prensa el mismo jueves para defender la labor realizada por las patronales del sector y responder a lo que consideran ataques injustificados. Su presidente, Javier Arnedo, ha acusado a Hernández de confundir al sector con propuestas que carecen de recorrido real, y ha defendido como logro propio del Comité Nacional el decreto aprobado en abril que blinda la obligación de repercutir las subidas del gasóleo en el precio del transporte, un mecanismo que considera clave para que el sector esté afrontando la actual escalada de costes energéticos en mejores condiciones. Arnedo, que preside también el propio Comité Nacional, ha aclarado que hablaba este jueves en representación de Conetrans, y ha reconocido que hasta ahora había evitado responder públicamente a Hernández, aunque esta vez consideró necesario hacerlo ante lo que interpreta como un cuestionamiento directo a lo ya conseguido por el sector.
Carlos Zubialde
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