Satisfacción en el sector del transporte después de que el Tribunal Supremo confirmará la anulación de la primera ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona. El Supremo dice que no da lugar a los recursos interpuestos y confirma la sentencia del TSJC, anulando definitivamente la primera Ordenanza, que recordemos, según la justicia, afectaba de forma muy especial a los vehículos de profesionales con una menor capacidad económica para la renovación de su flota.

La ordenanza, que fue recurrida por los transportistas (las asociaciones catalanas de transportistas AGTC, Astac Condal y Gremi de Transport, pertenecientes a Fenadismer), restringía la circulación de determinados vehículos por la ciudad. Estas asociaciones interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, sin el consenso previo con los transportistas y cargadores.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en marzo del 2022, indicaba que la forma de actuar por parte de la Administración fue sin consenso con el sector más implicado, imponiendo restricciones desproporcionadas a la circulación y a la actividad económica. Además, señalaba que la ordenanza incidía especialmente a los profesionales que menos capacidad económica tienen para afrontar un cambio de flota o renovación de un vehículo, como son los autónomos, mircroempresas o pymes.

No solo eso, la sentencia también recoge la falta de informes que sostuvieran o avalaran esas restricciones, un exceso geográfico en su aplicación, así como una excesiva restricción en los tipos de vehículos afectados por la norma. Y por último, al anular dicha ordenanza, mediante la sentencia, el TSJC daba pie a la negociación de una nueva que recogiera las inquietudes de los implicados, como los transportistas de forma directa o los cargadores de forma indirecta.

¿Y qué ocurre con las sanciones?

Un número importante de empresas de transporte fueron multadas en la aplicación de esta priemra ordenanza, por lo que los transportistas exigen al Ayuntamiento de Barcelona que, "se reparen los daños de todo tipo causados a la ciudadanía en general y a las empresas productoras, logísticas y de transporte en particular, mediante la devolución de todas las sanciones impuestas y pagadas, algo que debería producirse de inmediato y de oficio" según las asociaciones que presentaron el recurso.

Pero no solo es una cuestión de devolución de las sanciones, la anulación de esta ordenanza abre un futuro incierto a muchas de las ordenanzas que entran en vigor a primeros de enero del 2024, en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Estas ordenanzas deben de elaborar una política ambiental para poder después soportar una ordenanza restrictiva de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones.

Además, estas normativas, deben de ser proporcionales, idóneas y ponderadas en su aplicación, por lo que es posible que muchas de las normativas que se quieren poner en marcha, escritas y dictadas desde la ideología y no desde la proporcionalidad y el equilibrio, pueden tener el mismo camino que la del Ayuntamiento de Barcelona.

Carlos Zubialde

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