La situación de interinidad del Gobierno de España, afecta al día a día de muchos sectores, y por desgracia, el del transporte no es una excepción. Desde parte del transporte se está intentando presionar al gobierno provisional para que este anule de facto el recorte de las ayudas al gasóleo que se debe de aplicar con fecha 01/10/2023, que reducen la bonificación actual de 10 céntimos por litro, a 5 céntimos por litro a partir de esa fecha.
Distintas asociaciones empresariales han pedido reunirse con el gobierno, en una situación asfixiante, donde el precio del gasóleo está en máximos, y el IPC no da tregua mes a mes. En un momento tan crítico, y viendo en la lejanía las previsiones de mejora que lanzan desde el gobierno o la Unión Europea, se entiende que aplicar esta reducción es en el peor momento de los últimos trimestres, lo que puede suponer una puntilla para muchos profesionales y empresas, cuyos márgenes de trabajo se reducen transporte a transporte.
Desde las asociaciones empresariales se manifiesta que el mantenimiento es indispensable en un momento de precios muy altos en el combustible, y que se solicita mantener la ayuda siempre y cuando ese precio siga manteniéndose en niveles exageradamente altos (lleva casi 2 meses con subidas de precio continuadas), y aún y cuando no se pueda cumplir con el plan de prórroga que había firmado el gobierno en junio del 2023, por el cual se establecían tramos temporales (2 en concreto, uno hasta el 30/09/2023 y un segundo del 01/10/2023 al 31/12/2023) y 2 tramos de bonificación (la primera de 20 a 10 céntimos, y a partir del 01/10/2023 de 5 céntimos)
No obstante, dentro del sector, aun habiendo un primer acuerdo de que hay que hacer algo, sí se pueden apreciar posicionamientos distintos entre las patronales agrupadas en el CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías), y asociaciones de transportistas como FENADISMER (Federación Nacional de Asociaciones de transporte) que agrupa a pequeñas y medianas empresas de transporte (32.000 aproximadamente). Esta última ha manifestado entender la situación, pero pide un poco de tiempo en su gestión, por lo que no solicita reunirse de forma inmediata con el gobierno. Una de las razones que argumentan, es que la bonificación del mes de octubre, realmente tiene aplicación real para el transportista en noviembre (cuando hace la presentación de la declaración), y creen que para entonces el panorama político puede estar algo más despejado.
Fuera como fuera, la paralización producida por las elecciones del 23-J, tienen un impacto real más allá de la fecha para toda la economía, y más en tiempos de un alza en los costes como el que vive España actualmente.
Artículo propiedad de Carlos Zubialde
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