Y es que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva prórroga que aplaza un año más la conversión de todo el término municipal en Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La decisión, adoptada el lunes 29 de diciembre, permitirá que durante todo 2026 continúe vigente la moratoria a la prohibición de acceso de camiones sin etiqueta ambiental, lo que en la práctica quiere decir que los camiones sin etiqueta ambiental, pueden seguir accediendo a la zona de bajas emisiones madrileña.
Esta medida evita, al menos temporalmente, un impacto directo sobre la actividad económica y logística de la ciudad, especialmente en un momento en el que Madrid mantiene en marcha numerosas obras públicas y privadas de gran envergadura que están suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para quien debe de utilizar el coche como medio de transporte. Y que decir sobre los profesionales que se ven afectados en su día a día.
La ampliación de la moratoria permitirá que no se paralicen proyectos estratégicos actualmente en ejecución, como el soterramiento de la A-5, la cubrición de la M-30 a la altura del Puente de Ventas, la remodelación del entorno del Estadio Santiago Bernabéu, así como los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en distintas zonas de la capital.
Sin esta prórroga, una parte muy significativa de la actual flota de vehículos destinados al transporte de materiales y maquinaria de obra, por ejemplo, habría quedado fuera de circulación dentro del municipio, sin alternativas reales a corto plazo para sustituirla. De forma que no estaríamos ante una prórroga por cuestiones complejas, sino derivadas de la falta de planificación en las obras, y que quedarían sin posibilidad de que los materiales llegaran a las obras.
Desde el sector del transporte se viene advirtiendo de que la decisión de convertir todo el término municipal de Madrid en Zona de Bajas Emisiones, sin medidas de transición equilibradas, supone un planteamiento único en España por su nivel de restricción, ya que ninguna otra gran ciudad ha planteado una aplicación tan amplia y homogénea sin diferenciar usos profesionales esenciales.
Este enfoque genera un fuerte desequilibrio entre los objetivos medioambientales y el normal desarrollo de la actividad económica. Más aún cuando los propios datos oficiales del Ayuntamiento muestran que la calidad del aire en Madrid ha mejorado de forma significativa en los últimos años y que no se han registrado episodios de alta contaminación desde 2020.
Otro de los argumentos clave es que esta medida no responde a una obligación directa ni del marco normativo estatal ni del europeo. De hecho, el propio Ministerio para la Transición Ecológica, en la Guía de Directrices para la Creación de las Zonas de Bajas Emisiones publicada en 2021 junto a la Federación Española de Municipios y Provincias, ya advertía de la necesidad de un tratamiento específico para sectores profesionales esenciales. En dicha guía se subraya que el transporte de mercancías y la logística deben seguir prestando servicio dentro de las ZBE, precisamente por su papel clave para el funcionamiento del resto de actividades económicas.
Desde el sector del transporte se insiste en que la solución no pasa por prohibiciones abruptas, sino por una política realista de adaptación progresiva. Reducir emisiones es un objetivo compartido, pero debe ir acompañado de plazos asumibles, incentivos efectivos y alternativas viables para la renovación de flotas.
La nueva moratoria aprobada por el Ayuntamiento de Madrid ofrece un margen de tiempo valioso y el reto ahora es aprovechar 2026 para definir, junto al sector del transporte, un modelo de Zona de Bajas Emisiones que permita conjugar sostenibilidad ambiental y continuidad operativa, garantizando que una actividad esencial para la ciudad pueda seguir funcionando sin poner en riesgo su tejido económico y logístico.
Carlos Zubialde
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