Hay una diferencia fundamental entre los accidentes de tráfico y los accidentes de otros modos de transporte, es básicamente la forma en la que se investigan. O, mejor dicho, la forma en la que no se investigan. Cada vez que ocurre un accidente aéreo, marítimo o ferroviario, se activa un mecanismo técnico e independiente cuyo objetivo no es señalar culpables, sino entender qué ha fallado. Se analizan sistemas, procedimientos, infraestructuras y decisiones. Se asume que, si no se conocen las causas reales, el accidente se repetirá. Y que la única manera de mejorar la seguridad es aprender de los errores.
Aquí, por desgracia, el accidente en la carretera se convierte rápidamente en un expediente. La investigación es policial, necesaria, pero limitada. Su finalidad es depurar responsabilidades conforme a la norma, no analizar el sistema. Y cuando el sistema no se analiza, siempre hay una salida fácil: la culpa es del conductor.
En estos días, donde le fatal accidente sucedido en Adamuz está más en candelero que nunca, vuelve a surgir la pregunta de siempre ante la posible rotura de una vía: ¿fue causa o consecuencia del accidente? Es una cuestión elemental, pero también incómoda, y qué ojo, están utilizando los partidos políticos como arma arrojadiza. Porque responderla exigiría analizar el estado de la infraestructura, su mantenimiento, su diseño y su señalización. Exigiría, en definitiva, mirar más allá del comportamiento individual.
Esto no sucede con los accidentes en la carretera, los que sufre el transporte de mercancías por carretera. Ahí es donde aparece uno de los conceptos más útiles y, al mismo tiempo, más perversos de la gestión del tráfico: la llamada “velocidad inadecuada”. Una etiqueta que sirve para cerrar cualquier debate. Da igual si el asfalto estaba deteriorado, si la señalización era deficiente o si la vía presentaba riesgos evidentes. Si hubo un accidente, alguien circulaba a una velocidad inadecuada. Fin del análisis. Qué diferencia con otras situaciones.
Pero conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿y si esa velocidad inadecuada no fuera la causa, sino la consecuencia? ¿Y si el estado de la vía, lejos de ser un elemento neutro, empuja al conductor a una situación de riesgo que luego se le imputa como responsabilidad exclusiva?
Esta posibilidad rara vez se contempla. El mensaje implícito es claro: la infraestructura, la carretera es lo que es, y el ciudadano debe adaptarse. Si algo falla, el fallo siempre es humano, el estado, que tiene la obligación del buen mantenimiento de la calzada, parece lavarse las manos. Es una forma muy eficaz de gestionar responsabilidades, pero una forma muy pobre de mejorar la seguridad.
La ausencia de una investigación técnica e independiente en los accidentes de tráfico no es un detalle menor, es una decisión estructural. Mientras no se analicen las causas profundas, seguiremos confundiendo sanción con prevención y culpabilidad con aprendizaje. No se trata de eximir de responsabilidad a nadie, se trata de entender que la seguridad vial es un sistema complejo, en el que intervienen personas, vehículos, infraestructuras y decisiones administrativas. Y que cargar todo el peso sobre el último eslabón de la cadena no hace el sistema más seguro, solo más cómodo de gestionar.
Conviene decirlo con claridad, no es un problema individual, es un problema de enfoque. Mientras investigar a fondo no interese, seguiremos repitiendo los mismos errores. Y cada accidente que ocurre en las carreteras que no se investiga de verdad es una oportunidad perdida para evitar el siguiente.
Carlos Zubialde
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