El Gobierno ha anunciado la preparación de un plan para intensificar los controles en frontera sobre productos comercializados por plataformas como Shein, Temu o AliExpress, atendiendo a la demanda de las patronales de la gran distribución y del sector textil, que venían reclamando una actuación más firme frente a lo que consideran competencia desleal.
El Ministerio de Economía ha trasladado a las comunidades autónomas un primer borrador que busca reforzar la vigilancia de mercado, especialmente en el ámbito del comercio electrónico, con el objetivo de verificar que los productos importados cumplen la normativa europea en materia de seguridad y requisitos técnicos. La intención es disponer de una versión definitiva en el plazo de tres meses, lo que apunta a un despliegue progresivo de mayores controles administrativos y físicos en aduanas.
Esta iniciativa se suma al calendario europeo que prevé eliminar a partir de 2028 la exención de derechos aduaneros para envíos de menos de 150 euros. De forma transitoria, el Consejo de la Unión Europea ha aprobado la aplicación de una tasa de tres euros por paquete desde julio, como paso previo a una reforma más amplia del sistema. El foco está puesto en el elevado volumen de pequeños envíos que acceden al mercado comunitario bajo regímenes simplificados, con menor fiscalización y costes reducidos.
La presión para actuar procede principalmente de asociaciones empresariales vinculadas a grandes cadenas de distribución y moda, que sostienen que determinadas plataformas están introduciendo productos que no siempre cumplen los estándares exigidos en la Unión Europea. En paralelo, la Comisión Europea ha abierto una investigación formal sobre Shein por posibles infracciones relacionadas con la venta de artículos ilegales y el diseño de la plataforma, en el marco de la Ley de Servicios Digitales.
Más allá del debate comercial y regulatorio, el refuerzo de los controles aduaneros puede tener implicaciones directas para el sector del transporte y la logística. El modelo actual de ecommerce transfronterizo basado en envíos unitarios de bajo valor ha impulsado un volumen creciente de paquetes gestionados por operadores postales y empresas de última milla. Si aumentan las inspecciones, los tiempos de despacho podrían alargarse y elevar los costes operativos asociados a almacenaje temporal, gestión documental y coordinación con agentes aduaneros.
Para los operadores logísticos que trabajan con estas plataformas, un endurecimiento de los requisitos puede obligar a revisar procesos internos, reforzar equipos de cumplimiento normativo y anticipar mayor complejidad administrativa. En determinados casos, el incremento de controles podría reducir el atractivo de determinados flujos directos desde Asia y favorecer modelos con stock avanzado en Europa, modificando la configuración de rutas y centros de distribución.
También los transportistas que operan en distribución nacional pueden verse afectados si se produce un ajuste en el volumen de envíos de bajo coste que hoy alimentan buena parte de la actividad de paquetería. Una eventual ralentización o encarecimiento de estos flujos tendría impacto en la planificación de redes y en la rentabilidad de servicios con márgenes estrechos.
El debate sobre competencia, seguridad de producto y fiscalidad se traslada así al terreno operativo. Las decisiones regulatorias en frontera no solo afectan al comercio minorista, sino que pueden alterar la estructura de los flujos logísticos internacionales y la dinámica de la última milla. Adaptarse a un entorno con mayor supervisión exigirá anticipación y capacidad de ajuste en toda la cadena de suministro.
Carlos Zubialde
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