El sindicato UGT ha anunciado y compartido en numerosas redes sociales una posible convocatoria de huelga indefinida en junio en el sector del transporte por carretera si el Gobierno no avanza con rapidez en la resolución de los expedientes relacionados con los coeficientes reductores para la jubilación anticipada de los conductores. El sindicato se suma así a la presión que Comisiones Obreras ya lanzó a finales de abril, cuando amenazó con iniciar contactos para articular un calendario de movilizaciones que desembocara en una huelga general en el transporte, cuestión ya detallada en informacionlogistica.com
La reivindicación no es nada nuevo, y es que el coeficiente reductor lleva años reclamándose por el desgaste físico que implica la conducción profesional, y la Seguridad Social tenía sobre la mesa un compromiso de resolución que debería haberse concretado antes de que terminara abril. No ha sido así, y según la propia Seguridad Social, el retraso responde a dificultades técnicas en el proceso y al hecho de que el transporte es uno de los primeros sectores en que se aplica esta figura. La explicación es comprensible en términos administrativos, pero no neutraliza el malestar de quienes llevan años esperando co0mo es el sector del transporte.
Lo que resulta más difícil de sostener es la contundencia del gesto sindical, porque tanto el comunicado de Comisiones Obreras como el de UGT comparten un rasgo significativo: el uso sistemático del condicional y de fórmulas como "posible convocatoria", sin fechas firmes ni plazos concretos. A juicio del sector, esa retórica no refleja la seguridad y contundencia que suele caracterizar los anuncios de movilización de los grandes sindicatos.
Hay razones estructurales para esa cautela, y es que tanto CCOO como UGT tienen una representación muy limitada entre los conductores profesionales de transporte de mercancías, un colectivo donde el trabajo autónomo y las empresas de pequeño tamaño tienen un peso determinante y donde los sindicatos mayoritarios nunca han logrado arraigar con solidez. Amenazar una huelga en un sector donde tu capacidad real de convocatoria es reducida es, cuanto menos, un ejercicio de riesgo.
Pero hay una segunda variable que complica aún más el escenario: el Gobierno al que se dirige la presión. Resulta políticamente incómodo para Comisiones Obreras y para UGT convocar una huelga contra un Ministerio de Trabajo con el que tienen una afinidad política total y están plenamente alineados. Y más aún en un contexto de difíciles equilibrios políticos para un gobierno de coalición en minoría parlamentaria y con la situación económica actual. Convocar una huelga contra un ejecutivo aliado tiene un coste político interno que ninguna de las dos centrales parece dispuesta a asumir de verdad, por eso del pero del titular.
Lo que queda, lo poco que les queda a ambos sindicatos entonces, es la presión como señal. Un aviso para que el Gobierno mueva ficha antes de que la situación se complique más, con la guerra de Irán encareciendo los combustibles y el sector del transporte acumulando tensiones que van bastante más allá del debate sobre la edad de jubilación. La amenaza de huelga, en este caso, funciona menos como una convocatoria real que como un recordatorio de que el reloj institucional también tiene sus propios límites.
Carlos Zubialde
contacto@informacionlogistica.com
