La crítica situación actual hace que el transporte por carretera vuelva a situarse ante uno de esos momentos en los que la economía del sector se tensiona de forma repentina, y ante el que se reclaman acciones urgentes para paliarlo. El encarecimiento del gasóleo en los últimos días ha activado todas las alarmas y ha obligado al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) a convocar una reunión urgente para analizar la situación y valorar posibles medidas este miércoles 11/03/2026. La rapidez con la que se está produciendo la subida está colocando a muchas empresas en una posición difícil de sostener operativamente.
La raíz del problema es conocida por todo el mundo, la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio ha trasladado tensión a los mercados energéticos y, en cuestión de días, el precio del diésel ha escalado con una fuerza solo equiparable a lo sucedido cuando Rusia invadió Ucrania en el año 2022. Las asociaciones del sector hablan de incrementos cercanos a los 30 céntimos por litro en apenas semana y media, una variación que altera por completo la estructura de costes del transporte.
El impacto es inmediato porque el combustible sigue siendo el principal coste variable de un camión. Cuando el precio sube con esa rapidez, la capacidad de adaptación de las empresas es muy limitada. Aunque buena parte de los contratos incorporan cláusulas de revisión ligadas al gasóleo, estas actualizaciones no siempre se trasladan al momento, lo que deja a los transportistas asumiendo durante semanas un incremento que no pueden repercutir de forma automática.
Ese desfase temporal es el que está generando mayor inquietud, por eso, desde Fenadismer se advierte que, con los precios actuales, para miles de transportistas puede empezar a ser más viable detener la actividad de forma temporal que continuar trabajando con pérdidas. La federación calcula que desde finales de febrero el sobrecoste acumulado para el sector supera los 100 millones de euros.
La gravedad de la situación ha llevado al presidente del CNTC a convocar una reunión extraordinaria para este miércoles, con el objetivo de coordinar una respuesta conjunta del sector. El encuentro servirá para definir qué medidas se trasladarán al Gobierno, ante un escenario que algunas organizaciones consideran ya de riesgo para la continuidad de muchas empresas de transporte.
No se trata únicamente de una cuestión de costes, también está en juego la estabilidad operativa de la cadena logística. Si una parte significativa del transporte decide reducir actividad o detenerla temporalmente, algo ya ya se aprecia en las carreteras, el impacto podría trasladarse rápidamente al suministro de mercancías, algo que el sector ya ha vivido en episodios anteriores de fuerte presión económica.
En paralelo a la reunión institucional, dentro del propio sector empieza a escucharse una idea que hasta hace poco parecía lejana: la posibilidad de movilizaciones o paros si no llegan medidas de apoyo. Fenadismer ha dejado claro que la situación puede obligar a tomar decisiones de ese tipo si el escenario de precios se mantiene y no se adoptan mecanismos de compensación similares a los aplicados durante la crisis energética de 2022.
Por ahora, el Gobierno mantiene que actuará cuando lo considere necesario para proteger la economía y los costes de producción, aunque en el último Consejo de Ministros no se ha aprobado ninguna medida específica relacionada con los carburantes.
El transporte se mueve así entre dos tiempos distintos. Por un lado, la urgencia de una subida de costes que está afectando al día a día de las empresas; por otro, la incertidumbre sobre si habrá respuestas institucionales capaces de amortiguar el golpe. Cada crisis energética vuelve a poner la fragilidad del transporte terrestre en España sobre la mesa y deja una cuestión abierta para las próximas semanas: si las administraciones reaccionarán a tiempo o si será el propio sector el que termine tomando la iniciativa.
Carlos Zubialde
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