La subida del precio del combustible vuelve a tensionar la relación entre transportistas y cargadores en un momento de fuerte incertidumbre energética. Las organizaciones empresariales del sector advierten de que el encarecimiento del gasóleo ya visible en los surtidores está empezando a trasladarse a la actividad del transporte por carretera, mientras una parte de los clientes continúa sin aplicar los mecanismos legales de revisión de precios previstos en la normativa.
Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS) denuncian que muchos cargadores siguen ignorando la obligación de revisar el precio del transporte cuando se producen variaciones significativas en el coste del combustible. La organización señala directamente al artículo 38 de la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías, que establece la actualización automática del precio del servicio en función de la evolución del carburante.
Según trasladan desde la patronal, en la práctica continúa habiendo empresas cargadoras que no aceptan aplicar esta revisión, pese a que cualquier acuerdo que contradiga lo establecido por la ley se considera nulo. Para el sector, esta situación provoca que el incremento del gasóleo recaiga exclusivamente sobre las empresas transportistas, algo que consideran insostenible en el actual contexto.
El repunte del combustible se produce además en un escenario geopolítico especialmente delicado. Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte de la producción mundial de petróleo, han introducido un nuevo factor de incertidumbre en los mercados energéticos. En el transporte por carretera, donde el combustible representa uno de los principales costes operativos, cualquier subida rápida tiene un impacto inmediato en la rentabilidad de los servicios.
CONETRANS sostiene que trasladar ese incremento únicamente al transportista supone, en la práctica, un abuso de posición por parte de algunos cargadores. La organización advierte de que esta dinámica pone en riesgo la viabilidad económica de muchas empresas, especialmente pymes del transporte que operan con márgenes reducidos y escasa capacidad para absorber variaciones bruscas de costes.
En paralelo, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha recordado que la legislación vigente establece un mecanismo claro y obligatorio para adaptar el precio del transporte a la evolución del combustible. Tras superarse ya el umbral del 5% de variación respecto al momento de la contratación del servicio, debe aplicarse automáticamente la revisión del precio del transporte según las fórmulas oficiales recogidas en la normativa.
Este sistema, desarrollado a partir del Real Decreto-ley 3/2022 y de la Orden FOM/2184/2008, busca mantener el equilibrio económico de los contratos de transporte cuando se producen cambios significativos en el coste del gasóleo. La normativa establece que la actualización debe reflejarse en la factura del servicio, salvo que ambas partes hayan acordado previamente otro modo de reflejar el ajuste.
En los contratos de transporte continuado, además, la revisión se aplica de forma automática con carácter trimestral respecto al precio inicialmente pactado, salvo que exista una periodicidad menor acordada entre las partes.
Para la CETM, la aplicación de este mecanismo no es una cuestión opcional ni negociable, sino una obligación legal diseñada para evitar que las empresas transportistas asuman en solitario la volatilidad energética. La organización recuerda que el transporte por carretera sigue siendo una actividad muy fragmentada, formada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas con una capacidad financiera limitada.
En ese contexto, el cumplimiento efectivo de la normativa no es únicamente una cuestión contractual entre cargador y transportista. También afecta al funcionamiento del conjunto de la cadena logística, que depende de un sector del transporte capaz de operar en condiciones económicas sostenibles. Cuando el coste principal de la actividad se dispara y no se ajustan los precios del servicio, la presión termina trasladándose a toda la estructura operativa del sistema de distribución.
La tensión actual vuelve a poner sobre la mesa una realidad que el sector conoce bien: el transporte funciona con márgenes estrechos y con poca capacidad para absorber shocks externos. Si la volatilidad energética se convierte en un coste que solo soporta uno de los eslabones de la cadena, el problema deja de ser sectorial y pasa a afectar al equilibrio de todo el sistema logístico.
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