La Policía Nacional ha detenido en octubre a cuatro personas, tres hombres y una mujer, como presuntos responsables de una red que explotaba a repartidores de paquetería en la Comunidad de Madrid, sobre todo en Fuenlabrada. Están acusados de pertenencia a organización criminal, explotación laboral y favorecimiento de la inmigración ilegal. Según la investigación, los repartidores eran personas en situación administrativa irregular, sin contrato ni alta en la Seguridad Social, captadas con promesas falsas de un empleo y de una futura regularización.
Las condiciones que describen los investigadores están muy lejos de las de cualquier puesto de reparto regulado. Las jornadas llegaban a 14 horas, de ocho de la mañana a diez de la noche o más tarde si quedaban paquetes pendientes, y cada repartidor entregaba entre 50 y 100 envíos al día a pie, con bolsas y carros, con cualquier distancia y cualquier tiempo. Cobraban entre 50 y 70 céntimos por paquete entregado y, según la policía, sus ingresos no pasaban de 600 euros al mes.
La forma en que funcionaba la red ayuda a entender cómo pudo pasar desapercibida: al frente había una empresa legalmente constituida que prestaba servicios de última milla, y por debajo una cadena formada por sus responsables, autónomos, conductores de furgoneta y encargados que coordinaban las cuadrillas. Las furgonetas recogían la mercancía en los centros de distribución y la llevaban a puntos de encuentro, uno de ellos un descampado de Fuenlabrada, donde se repartía entre los trabajadores para que la entregaran puerta a puerta. Las entregas se confirmaban con las aplicaciones de reparto habituales, pero quedaban registradas a nombre de los responsables, de modo que para el sistema y para el cliente la entrega la había hecho otra persona. Esa diferencia permitía a los responsables cobrar la tarifa completa por cada paquete y pagar a quien lo había llevado una parte muy pequeña.
La investigación no ha identificado a las empresas de paquetería ni a los cargadores para los que se repartía esa mercancía, y no hay indicios publicados de que conocieran el esquema. El caso muestra, sin embargo, una debilidad de la última milla que cualquiera que trabaja en el sector reconoce: cuanto más larga es la cadena de subcontratación entre quien encarga el reparto y quien lo hace, más difícil es saber quién está realmente entregando los paquetes y en qué condiciones.
Las aplicaciones que registran cada entrega con la firma, la foto y la geolocalización dan una sensación de control que este caso desmiente, porque registran lo que ocurre con el paquete pero no quién lo lleva realmente si el usuario de la aplicación no es el repartidor. Para un operador de paquetería o un cargador que trabaja con subcontratas de reparto, la consecuencia es revisar qué controles tiene sobre las personas que entregan en su nombre, desde la comprobación periódica de las altas en la Seguridad Social de los repartidores de cada colaborador hasta la vinculación de cada usuario de la aplicación a una persona identificada, porque cuando un caso así sale a la luz, el nombre que aparece en la caja es el de la marca y no el de la subcontrata.
Carlos Zubialde
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