Hace ya unos días que el Ayuntamiento de Barcelona esta “sondeando” mediante publicaciones su proyecto de grabar las entregas de envíos de ecommerce en la zona centro.
El problema de la congestión de tráfico en las ciudades es una realidad, tanto como que el actual sistema de distribución para envíos ecommerce no es sostenible ni económica, ni social ni medioambientalmente. Se han planteado muchas posibilidades, pero pocas soluciones reales, dentro de las cuales podríamos encasillar la “ocurrencia” del ayuntamiento de Barcelona.
Querer proteger al comercio tradicional y de proximidad es loable, pero si para ello han de “perjudicar” a otros sectores, entonces la cosa ya es menos loable. Querer grabar con un coste o recargo las entregas de envíos de ecommerce no es nuevo, pero tiene dos problemas:
1-No se le puede cargar el vendedor, porque son empresas no radicadas en el país
2-El cliente o destinatario no puede pagar ese recargo, que atenta contra las leyes de libre comercio
Entonces, ¿Quién paga?
¡Exacto, el mensajero! El ayuntamiento piensa que pague el mensajero (la empresa que entrega el envío), que luego este ya se encargara de cobrar a su cliente (el vendedor online).
Si se lleva adelante, la realidad será como lo ocurrido con las tasas bancarias, paga el más débil. Lo pagará el transportista de su bolsillo y no lo podrá repercutir al cliente, teniendo que asumir otro coste mas en un negocio con unos márgenes ya de por si minúsculos.
