Puede querido lector que no sepa nada, pero la llamada "Ley de Transporte", aquella que fue resultado de las negociaciones entre el Gobierno, el Comité Nacional de Transporte por Carretera e incluso La Plataforma de Defensa del Transporte, en marzo del 2022 y como consecuencia de las dos semanas de huelga de Transporte que se vivió, esta "parada" en el tribunal constitucional.
¿El motivo?
Lo primero es que no toda la ley está recurrida, concretamente han sido dos artículos, el relativo a la firma del documento del contrato de transporte y el del observatorio de precios que da cobertura para poder sancionar a quien quiere contratar servicios de transporte por debajo de coste.
Y ambas han sido recurridas por el grupo parlamentario de VOX, argumentando que ambas "atacan" a la libre competencia de las empresas.
Tengo que decir que es como mínimo sorprendente, primero porque fue acordado por todos los que intervinieron en la negociación, que, además, son todos los que intervienen en la cadena de transporte. Si ninguno de ellos puso el grito en el cielo y firmo el acuerdo, ¿cual es el motivo por el cual VOX interpone este recurso?
Solo se me ocurren tres opciones:
1-Algunos de los firmantes, no estaba de acuerdo con ello, y en lugar de negociar en el momento, viendo que no tendría recorrido, recurre a un partido político para que este presente un recurso en el Tribunal Constitucional
2-VOX, en nombre de la "libre competencia" (vamos, entienden que libre debe de ser eso, nada que tenga que ser cumplido por nadie), alineado con su ideario político, presenta el recurso
3-Este partido, en una estrategia de desestabilizar al Gobierno, presenta el recurso para torpedear el acuerdo.
La verdad que no tengo claro si es alguna de ellas, o incluso la unión de las tres a la vez, pero lo que está claro es que si el recurso prospera, el acuerdo quedará seriamente dañado, y puede ser una puerta para una nueva vuelta de tuerca al sector, que seguro no se quedaría parado ante la situación.
Artículo de opinión de Carlos Zubialde
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