Arranca febrero y buena parte del transporte autónomo sigue sin una referencia fiscal clara para el ejercicio en curso, no por desconocimiento de la norma, sino por la forma en la que se está gestionando su continuidad. El límite de facturación anual para acogerse al régimen de estimación objetiva, fijado desde hace años en 125.000 euros, ha sido nuevamente prorrogado mediante un decreto ley aprobado por el Ejecutivo, aunque su validez a medio plazo depende otra vez de una votación parlamentaria pendiente.
El mecanismo es conocido y se repite con demasiada frecuencia, el decreto entra en vigor de forma inmediata, pero debe ser convalidado en un plazo máximo de treinta días. Si no obtiene respaldo suficiente, decae. El problema no es tanto el contenido de la medida como su fragilidad política, especialmente cuando hace apenas una semana una norma de alcance más amplio, que incluía esta misma prórroga, fue rechazada.
La estrategia adoptada ahora pasa por fragmentar aquel texto y aislar determinadas medidas con la expectativa de facilitar su aprobación. En la práctica, esto significa que el límite de facturación para módulos queda vinculado a un decreto con otras disposiciones de carácter social que concentran mayor debate y, por tanto, mayor riesgo de bloqueo. El resultado es una sensación de provisionalidad que se traslada directamente a la planificación fiscal de miles de profesionales.
No es la primera vez que ocurre, el año pasado ya se produjo una situación casi idéntica, resuelta de manera informal mediante una interpretación administrativa que dio por válido el límite de 125.000 euros al haber estado vigente durante los primeros días del año. El argumento puede volver a aplicarse, pero no deja de ser una solución de mínimos que evita el vacío legal sin aportar certidumbre real.
Esta dinámica afecta a un colectivo amplio del transporte por carretera que continúa acogido al régimen de módulos. Conviene recordar que el marco actual es fruto de una larga transición. Antes de 2016, los umbrales eran muy superiores y no distinguían entre el origen de los ingresos. La reforma fiscal redujo drásticamente esos límites, especialmente para quienes facturan mayoritariamente a empresas, y obligó a introducir un periodo transitorio que, en teoría, iba a ser temporal. Años después, ese periodo sigue prorrogándose ejercicio a ejercicio.
Más allá del debate político, el impacto operativo es evidente. La falta de estabilidad dificulta la toma de decisiones, obliga a trabajar con escenarios fiscales inciertos y mantiene al transporte autónomo en una posición de dependencia normativa que no se da en otros ámbitos. La cuestión de fondo no es si el límite debe ser uno u otro, sino si tiene sentido seguir gestionándolo como una excepción renovable, cuando se ha convertido de facto en una situación estructural que el sector necesita poder anticipar.
Carlos Zubialde
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