A partir del 1 de mayo, la Agencia Tributaria ha habilitado en su sede electrónica el formulario de solicitud para las ayudas directas contempladas en el Real Decreto Ley 7/2026, dirigidas a los transportistas cuyos vehículos no pueden acogerse al sistema de gasóleo profesional por su tipología o tonelaje. Afectan principalmente al transporte ligero: furgonetas, vehículos de reparto, última milla. Una medida que llega, pero que llega sola, ya que para el grueso del sector la situación sigue sin resolverse.
Fenadismer, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, ha valorado que se articule este mecanismo para el transporte ligero, aunque no sin matices, ya que la propia organización lo califica de "inadmisible y paradójico" que los transportistas pesados acogidos al gasóleo profesional, los que mueven la mayor parte del tonelaje del país, estén todavía a la espera de recibir las ayudas que el decreto aprobado en marzo recogía expresamente para ellos.
El motivo de este retraso tiene nombre y apellidos administrativos: las ayudas aún no han recibido el visto bueno de la Comisión Europea, requisito sin el cual el Gobierno no puede proceder al pago. Mientras ese trámite se resuelve, miles de transportistas y autónomos llevan dos meses adelantando el coste íntegro del carburante, sin percibir todavía la bonificación de 20 céntimos por litro que el decreto prometía. Para empresas con márgenes ajustados y ciclos de cobro que no siempre acompañan, financiar ese diferencial durante semanas no es una incomodidad contable: es un problema real de tesorería.
Lo que pide Fenadismer al Ministerio de Hacienda no es, por el momento, que acelere lo que depende de Bruselas, sino algo más básico: que informe. Que diga cuándo se espera la aprobación europea, que traslade una fecha estimada de ingreso, que permita a las empresas y autónomos planificar con alguna certeza. La ausencia de esa comunicación es, en sí misma, un problema añadido al económico, ya que un sector que no sabe cuándo va a cobrar una ayuda que le han prometido no puede gestionar con normalidad su operativa.
El contexto en el que todo esto ocurre está siendo de lo más preocupante para el sector, porque el alza del precio del carburante provocada por el conflicto en Irán ha golpeado al transporte en un momento en el que el sector acaba de ver aprobada la nueva cláusula del gasóleo, precisamente para evitar que estos episodios de volatilidad los absorban en solitario los transportistas. Que la norma esté aprobada y las ayudas, en cambio, atascadas en un proceso de validación europea, dibuja una situación en la que el marco legal avanza más deprisa que la capacidad administrativa de ejecutarlo.
El formulario de mayo es un paso, así es, pero conviene no confundirlo con una solución, es más un parche que otra cosa. El transporte ligero tendrá pronto por dónde solicitar lo que le corresponde; el pesado, que representa el mayor volumen de la actividad, sigue esperando. Y cada semana que pasa con el gasóleo pagado de su propio bolsillo es una semana más de presión sobre una liquidez que, en muchos casos, ya no tiene dónde apoyarse.
Carlos Zubialde
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