La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) se reunió el pasado 6 de mayo en Madrid con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para trasladarle una agenda que mezcla avances recientes con exigencias pendientes y, sobre todo, un rechazo sin matices a la propuesta de peajes de SEOPAN.
La nueva fórmula de indexación del precio del transporte al gasóleo, que acaba de entrar en vigor tras meses de negociación y resistencias de distintos colectivos, fue el primer punto que la organización puso sobre la mesa como ejemplo de lo que el diálogo produce. El mecanismo vincula los precios del porte a la evolución del combustible, lo que permite a las empresas trasladar al contrato las variaciones reales de coste en lugar de absorberlas en el margen, que en muchos casos ya no existe.
La fórmula no es nueva en concepto, pero sí lo es en su formalización legal, y el sector lleva años reclamándola precisamente porque el gasóleo representa, según los casos, entre el 25% y el 35% de los costes operativos de una empresa de transporte. Que ese coste quedara fuera de cualquier mecanismo de revisión automática era una anomalía que se ha ido enquistando durante décadas.
El segundo bloque de la reunión fue más tenso: la CETM trasladó su oposición frontal a los peajes al transporte pesado que ha propuesto SEOPAN, la patronal de las grandes constructoras e infraestructuras. La propuesta se ampara en el principio europeo del "quien usa paga", un argumento que la Confederación rebate con un dato concreto: el sector del transporte por carretera aporta alrededor de 21.000 millones de euros anuales en impuestos ligados al combustible. Dicho de otra forma, el transporte ya financia las carreteras, solo que lo hace a través de la fiscalidad del gasóleo y no a través de un peaje visible en cada kilómetro.
El debate sobre los peajes no es nuevo en España, pero tiene una carga particular en este momento, con el sector todavía digiriendo los efectos de varios años de costes disparados y márgenes erosionados. Introducir una nueva carga por el uso de infraestructuras en este contexto no es solo una cuestión económica; es también una cuestión de credibilidad política hacia un sector que se siente, con frecuencia, regulado sin ser escuchado.
Además de los peajes, la CETM reclamó que las ayudas de Estado al transporte, cuyo margen de maniobra se amplió tras la flexibilización aprobada por la Unión Europea, se materialicen cuanto antes. En particular, la devolución comprometida de 20 céntimos por litro de combustible, que sigue sin aplicarse con la eliminación de los límites de minimis. A eso se suma la petición de flexibilizar las restricciones a la circulación de camiones, una reivindicación histórica de las asociaciones del sector que apunta tanto a la eficiencia operativa de las flotas como a las condiciones laborales de los conductores.
Lo que queda claro después de esta reunión es que el sector no llega al Gobierno con quejas genéricas, sino con una agenda concreta, cifras propias y propuestas articuladas. La pregunta que el propio sector se hace es cuánto de esa agenda se convertirá en medidas reales antes de que termine el año.
Carlos Zubialde
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