La Audiencia Nacional ha ordenado a Correos hacer público su Plan Estratégico 2024-2028, un documento que implica la gestión de 4.000 millones de euros de financiación pública. La compañía se había negado a facilitarlo alegando razones de confidencialidad y protección de información comercial, pero la Sala recuerda que, cuando están en juego recursos del Estado, la exigencia de transparencia debe situarse en su nivel más alto.
La Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre) solicitó acceder al plan en agosto del año pasado. Correos rechazó la petición amparándose en la normativa de secretos empresariales y en la posible afectación a su posición en el mercado. La asociación recurrió entonces ante la justicia al considerar que el interés público en fiscalizar la utilización de fondos estatales prevalece sobre esas alegaciones y que, en cualquier caso, podría haberse facilitado una versión parcial del documento.
La Abogacía del Estado defendió a Correos argumentando que la empresa opera en un entorno de competencia liberalizada y que difundir el plan estratégico otorgaría una ventaja injusta a otros operadores. Sin embargo, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número dos concluye que esta postura no justifica mantener en secreto un documento financiado con recursos públicos. La sentencia señala que la Administración ha protegido de forma global un documento que, por su propia naturaleza, requiere un nivel de visibilidad elevado.
El tribunal reconoce que determinadas secciones del plan pueden contener información amparada por secreto empresarial, pero rechaza la idea de que todo el documento quede automáticamente protegido. Según la resolución, existe un interés público claramente cuantificado: el plan está ligado a una financiación de 4.000 millones de euros provenientes de los Presupuestos Generales del Estado destinados al sostenimiento del Servicio Postal Universal. La sentencia recuerda, además, que los organismos de control nacionales e internacionales advierten de que la máxima transparencia es esencial para evitar compensaciones indebidas o ayudas de Estado que puedan distorsionar la competencia.
Además, el tribunal subraya que, en un Estado de derecho, no resulta aceptable mantener en secreto un plan estratégico sufragado íntegramente con fondos públicos. Correos, añade, podría haber optado por entregar una versión depurada del documento suprimiendo únicamente los datos sensibles, opción que ni siquiera valoró antes de denegar el acceso.
La Audiencia Nacional anula la resolución administrativa que negó la información a Asempre y ordena a la Administración elaborar, en el plazo máximo de un mes, una versión del plan que preserve únicamente los aspectos específicamente protegidos por secreto profesional.
El Plan Estratégico de Correos fue aprobado el 31 de julio de 2024 por el consejo de administración de la Sepi. El documento aspira a impulsar la transformación y reposicionamiento de la empresa pública en un contexto de caída sostenida del servicio postal tradicional. Su elaboración contó con la participación de Correos, los sindicatos CC OO y UGT y la propia Sepi, y está acompañado del compromiso de definir un nuevo marco laboral para una plantilla de unas 50.000 personas.
Días antes de finalizar 2024, el Gobierno introdujo mediante un Real Decreto un amplio reajuste de las funciones de Correos, ampliando su ámbito competencial en un momento en que la empresa rozaba una situación de causa de disolución. Meses después, el 29 de julio de 2025, se publicó en el BOE la Ley 6/2025, que bajo el título de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias incluyó la designación directa de Correos como operador exclusivo del Servicio Postal Universal hasta 2030. La norma también reconoce la prestación de Servicios de Interés Económico General, que justifican la posible ampliación del papel de Correos en zonas con dificultades de acceso a servicios financieros básicos.
Carlos Zubialde
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