La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha planteado una nueva metodología para calcular el coste neto del Servicio Postal Universal (SPU), con el objetivo de mejorar la eficiencia económica del sistema y alinearlo con las prácticas regulatorias del entorno europeo. El nuevo enfoque permitiría aplicar el cálculo con efectos desde 2021 y dotarlo de validez más allá de 2025.
El SPU garantiza la prestación de determinados servicios postales básicos en todo el territorio nacional, tanto en envíos nacionales como internacionales, incluyendo cartas, tarjetas postales y paquetes de hasta 20 kilos, bajo criterios de calidad y precios asequibles. En la actualidad, esta obligación recae en Correos, que recibe una compensación económica por asumir este servicio público, que inicialmente es deficitario por entenderse que es un servicio que el estado debe de ofrecer a todos los ciudadanos, de calidad y accesible en precio.
Como organismo supervisor del sector, la CNMC es responsable de verificar que dicha compensación sea adecuada y se ajuste a lo previsto en la Ley Postal. Sin embargo, el regulador llevaba tiempo advirtiendo de las limitaciones del modelo vigente, cuya metodología solo era válida para el periodo comprendido entre 2011 y 2020 y no permitía una correcta evaluación del coste real del servicio en ejercicios posteriores, lo que es crucial, ya que esta deficiencia añade una incertidumbre sobre el coste real que supone al estado ofrecer el SPU.
El nuevo planteamiento propuesto se apoya en criterios de eficiencia y razonabilidad económica, y aprovecha la experiencia acumulada por la CNMC en la supervisión del coste del SPU durante la última década. Además, incorpora referencias a modelos aplicados en otros países europeos, con el objetivo de homogeneizar criterios y reducir distorsiones regulatorias.
El esquema adoptado se basa en un enfoque de rentabilidad comparada, donde el coste neto del SPU se calcula como la diferencia entre el escenario real del operador designado, que cumple con las obligaciones de servicio público, y un escenario hipotético en el que dichas obligaciones no existirían. En este escenario alternativo, el operador podría adoptar decisiones progresivas y racionales para reconvertir en rentables aquellas oficinas o servicios que actualmente generan pérdidas.
La metodología también tiene en cuenta elementos que hasta ahora no estaban plenamente integrados en el cálculo, como las ventajas inmateriales derivadas de la condición de operador designado. Aspectos como la reputación, la imagen de marca o el refuerzo publicitario asociado al SPU se incorporan al modelo, junto con el reconocimiento de un beneficio razonable para el operador, calculado a partir del coste medio ponderado del capital. Asimismo, se introduce un incentivo explícito a la eficiencia operativa.
Desde el punto de vista práctico, uno de los principales avances del nuevo modelo es su aplicabilidad retroactiva desde 2021 y su vigencia más allá de 2025, fecha a partir de la cual entrará en vigor la reforma de la Ley Postal que diferenciará el Servicio Postal Universal entre ámbito urbano y rural. La actualización de los parámetros será automática y se basará principalmente en la contabilidad analítica de Correos, lo que aporta mayor transparencia y trazabilidad al proceso.
Para el sector esta revisión metodológica es relevante porque incide directamente en la sostenibilidad económica del operador designado (Correos por el momento) y en el equilibrio competitivo del mercado. Un cálculo más ajustado del coste neto del SPU permite reducir incertidumbres regulatorias, mejorar la asignación de recursos y adaptar el servicio público a una realidad marcada por la caída del correo tradicional y el crecimiento de la paquetería y la logística asociada al comercio electrónico. Hay que señalar que la propuesta de la CNMC busca compatibilizar el interés general con criterios de eficiencia económica, un equilibrio difícil de llevar adelante cuando desde el propio operador asignado, Correos en este momento, no se actúa con la transparencia necesaria e impacta y distorsiona el mercado.
¿Servirá este nuevo modelo de cálculo? El tiempo nos dirá.
Carlos Zubialde
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