El sector del transporte se enfrenta nuevamente un incremento en los plazos de pago que contraviene la tendencia de mejora registrada durante el primer semestre de 2024. De acuerdo con los datos publicados por el Observatorio Permanente de la Morosidad, elaborado por Fenadismer en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, el promedio de los plazos de pago a los transportistas se situó en 69 días durante el mes de octubre. Este aumento, tras varios meses de estabilidad o reducción, representa un desafío significativo para la sostenibilidad financiera de los actores involucrados en esta industria.
En octubre, el 60% de las empresas cargadoras e intermediarias incumplieron la legislación vigente en materia de plazos de pago, lo que supone un incremento de 10 puntos porcentuales en comparación con meses anteriores. Dentro de este grupo, el 72% de las empresas incumplidoras realizaron sus pagos entre 60 y 90 días. Sin embargo, un 8% de las empresas continúan superando los 120 días, un nivel de incumplimiento que, aunque significativamente menor que el registrado en 2022 (más del 20%), sigue siendo preocupante para el equilibrio del sector, sin dejar de ver que en el fondo, 6 de cada 10 empresas que contratan transporte, pagan fuera del plazo legal, y es que los incumplimientos reiterados no solo ponen en riesgo la viabilidad económica de los transportistas, sino que también generan tensiones a lo largo de toda la cadena de suministro.
Avances y retos en el ámbito regulatorio europeo
En el ámbito internacional, en la Asamblea Europea de las Pymes, celebrada en Budapest bajo los auspicios de la presidencia húngara de la Unión Europea. Durante este evento, se abordaron temas clave relacionados con la morosidad, incluyendo la carta conjunta firmada por 16 países europeos que manifiestan su oposición a la nueva regulación europea aprobada por el Parlamento Europeo en abril de 2024. Este texto propone la reducción general de los plazos máximos de pago a 30 días, acompañada de un régimen sancionador, lo que ha generado posturas divergentes entre los Estados miembros.
El reglamento propuesto establece un marco regulatorio que, de ser implementado, reforzaría la protección de los transportistas frente a los incumplimientos de pago. Con la introducción de plazos más estrictos y sanciones aplicables a todos los sectores económicos, se espera fomentar un entorno empresarial más justo y eficiente. Para el sector del transporte, en particular, la adopción de este reglamento representaría un avance significativo hacia la estabilidad financiera y la reducción de las prácticas abusivas por parte de grandes cargadores e intermediarios.
Este contratiempo con esta carta, aparece justo en el momento donde el reglamento está en pleno proceso de aprobación en el Parlamento Europeo, ya que quedo en suspenso debido a la convocatoria de las últimas elecciones, y parecía que no tendría problemas para su aprobación posterior, cuestión que ahora no queda tan claro.
Carlos Zubialde
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