Los cambios de regulación que están sucediendo desde la Unión Europea están dejando al ciudadano completamente confundido, y no digamos al sector del transporte con todo el tema de la sostenibilidad y la electrificación.
La Comisión Europea ha presentado una nueva batería de propuestas para el sector del automóvil que introduce “mayor flexibilidad” en la hoja de ruta hacia la descarbonización, y que entre las medidas más relevantes figura la posibilidad de mantener una producción limitada de vehículos con motor de combustión más allá de 2035, siempre que se cumplan estrictos objetivos de reducción de emisiones.
Según el planteamiento de Bruselas, a partir de ese año los fabricantes deberán lograr una reducción del 90% de las emisiones de escape en lugar del 100% que se había determinado hace unos años. El porcentaje restante podría compensarse mediante el uso de acero de baja huella de carbono producido en la Unión Europea o a través de combustibles electrónicos y biocarburantes. Este enfoque permitiría que determinadas tecnologías, como los híbridos enchufables, los sistemas de extensión de autonomía, los híbridos suaves e incluso algunos motores de combustión interna, continúen teniendo presencia en el mercado junto a los vehículos eléctricos y de hidrógeno.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia con la que la Comisión busca apoyar al sector en su transición hacia una movilidad más limpia, sin renunciar al objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 ni a la autonomía estratégica europea, pero no hay que dejar de señalar que la presión del sector de la automoción alemana sobre todo, parece haber tenido mucho que ver en este cambio. En el ámbito de la oferta, se revisan las normas actuales sobre emisiones de CO2 para turismos y furgonetas, y se plantea una adaptación específica para los vehículos pesados que facilite el cumplimiento de los objetivos fijados para 2030. En paralelo, se proponen medidas para impulsar la demanda, como la descarbonización de las flotas corporativas mediante objetivos nacionales vinculantes para vehículos de cero y bajas emisiones.
Desde Bruselas insisten en que estas propuestas no suponen un retroceso en los compromisos climáticos, aunque su aplicación deberá negociarse ahora entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Además, el plan incluye una inversión de 1.800 millones de euros destinada al desarrollo de una cadena de valor de baterías completamente europea. A ello se suma el denominado Automotive Omnibus, con el que se pretende reducir la carga administrativa y los costes para los fabricantes, reforzando su competitividad internacional y liberando recursos para la descarbonización.
Desde el ámbito del transporte por carretera, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha reiterado su rechazo al mantenimiento de un veto total a los vehículos de combustión a partir de 2035. La organización considera esta medida prematura y poco realista, especialmente para el transporte pesado y de larga distancia. Según la CETM, el sector no dispone actualmente de alternativas tecnológicas viables, eficientes y accesibles que permitan prescindir de los motores de combustión en los plazos previstos. La electrificación, en su estado actual, no ofrece soluciones suficientes en términos de autonomía, tiempos de recarga ni disponibilidad de infraestructuras.
Su presidente, Carmelo González, ha subrayado en varias ocasiones que el transporte está comprometido con la descarbonización, pero que esta debe abordarse desde el realismo y la neutralidad tecnológica, sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas. Desde la CETM defienden un enfoque basado en la combinación progresiva de distintas tecnologías, incluyendo motores de combustión cada vez más eficientes, combustibles alternativos y renovables, y otras soluciones que puedan implantarse de forma gradual.
La confederación también alerta del impacto económico que un veto total tendría sobre un país altamente dependiente del transporte por carretera para el funcionamiento de su industria, su comercio y su cadena logística. Cualquier restricción abrupta, señalan, tendría consecuencias directas sobre los costes, la competitividad y el empleo. Asimismo, recuerdan la importancia estratégica de la industria de la automoción no eléctrica en España, que sostiene miles de puestos de trabajo y constituye un pilar clave del tejido industrial.
Por todo ello, la CETM reclama a las autoridades nacionales (al Gobierno de España en muy particular) y europeas una mayor flexibilidad normativa, un diálogo constante con el sector y una hoja de ruta basada en la realidad operativa del transporte y del mercado. La descarbonización es un objetivo compartido, concluyen, pero debe alcanzarse sin comprometer la supervivencia del transporte por carretera ni el equilibrio económico.
Carlos Zubialde
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