La reunión de este viernes 27/03/2026 entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha terminado con la foto que ambas partes necesitaban: el sector descarta las movilizaciones, el Gobierno acredita predisposición al diálogo y el ministro Óscar Puente reconoce que el primer decreto de ayudas fue, en sus propias palabras, "poco ambicioso". El problema es que esa fotografía no mueve un solo euro al bolsillo de los transportistas que empezaron la semana con el surtidor a casi 1,90 euros el litro.
Lo acordado en concreto es escaso, y conviene ser preciso al respecto. La nota interpretativa que el Ministerio ha publicado establece que el precio del gasóleo para calcular revisiones contractuales debe tomarse sin impuestos, que las bonificaciones del Real Decreto-Ley 7/2026 no computarán en esos cálculos y que la fórmula de revisión será obligatoria cuando el combustible varíe un 5% o más. Son medidas técnicamente relevantes, especialmente la segunda, porque impide que los cargadores utilicen la bonificación gubernamental como excusa para no revisar tarifas, cosa que estaba sucediendo. Pero no son las medidas que el sector llevaba semanas reclamando con mayor urgencia.
Las peticiones de mayor calado —ayuda directa por vehículo para cubrir los sobrecostes desde el inicio del conflicto, modificación real de la fórmula de indexación, eliminación del límite de 50.000 litros en la devolución del gasóleo profesional— quedan diferidas a una mesa de diálogo que se reunirá por primera vez el lunes. Es decir, el resultado inmediato de un ultimátum que vencía este viernes es una reunión el lunes. Para un autónomo que ha asumido más de 1.800 euros adicionales al mes desde enero, la distinción entre "acordado" y "pendiente de mesa" no es lo mismo.
El presidente del CNTC, Javier Arnedo, salió a valorar el encuentro con un optimismo que sus propias palabras matizaban. "Vemos que están a favor de ayudarnos. Su actitud es buena", declaró. La actitud, sin embargo, no cubre el diferencial entre los 20 céntimos de bonificación y los casi 50 céntimos de incremento real del gasóleo desde enero. Y dentro del propio Comité, que agrupa a asociaciones con posiciones distintas sobre el nivel de presión que debe ejercerse, hay bases que llevaban días pidiendo movilizaciones que el órgano ha contenido con el argumento de la responsabilidad social y la proximidad de la Semana Santa. Esa contención tiene un plazo, el bolsillo de muchos ya no puede aguantar mucho más.
El Gobierno, por su parte, ha movido fichas en paralelo que importa no perder de vista. La notificación ante la Comisión Europea para superar el límite de minimis en las ayudas sugiere que hay trabajo técnico en marcha para ampliar el volumen de apoyo posible. La inclusión de los ministerios de Economía y Hacienda en la mesa del lunes no es un gesto protocolario: sin Hacienda no hay modificación fiscal y sin Economía no hay cambio en la fórmula de indexación. Que estén en la sala es condición necesaria, aunque no suficiente.
Lo que esta semana ha dejado claro, más allá de los comunicados, es que el modelo de respuesta a las crisis de costes en el transporte sigue siendo reactivo y lento. El sector tardó días en ver encarecerse el combustible casi 50 céntimos; tardará semanas, como mínimo, en ver materializarse medidas que compensen una parte de ese incremento. La fórmula de indexación que se promete revisar lleva años siendo insuficiente, y no se modificó cuando el conflicto en Ucrania dejó exactamente la misma lección hace cuatro años. Que ahora se estudie su modificación con urgencia es una buena noticia; que haga falta otra crisis para que ocurra es el problema que nadie en la mesa del lunes va a poner encima de la mesa.
Carlos Zubialde
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