Este lunes 13 de abril, el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera se sentó de nuevo con el Ministerio de Transportes para cerrar los flecos que habían quedado abiertos tras la reunión del pasado 30 de marzo. El resultado: un Real Decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobará este martes, con cuatro medidas concretas sobre la cláusula de revisión del combustible. Bien. Pero conviene leer lo que hay entre líneas antes de dar por buenas las noticias.
Lo acordado no es broma para el sector; hablamos, por ejemplo, de la modificación de la fórmula de revisión del precio del transporte en función del combustible, el refuerzo del carácter automático y obligatorio del artículo 38 de la Ley del contrato de transporte terrestre, la obligación de desglosar en factura el ajuste por variación del carburante y la creación de un tipo sancionador para quien incumpla, forman un paquete que, sobre el papel, debería dar más músculo al transportista frente al cargador. Son medidas que el sector llevaba tiempo reclamando, y que en otro momento habrían sido celebradas sin reservas.
El problema no está en lo que se ha firmado, sino en lo que sigue sin firmarse. Tanto el comunicado de Fenadismer como la información que maneja el CNTC dejan constancia explícita de que "ambas partes se comprometen a mantener abierta la mesa de negociación permanente para perseguir los puntos pendientes, algunos de los cuales dependen de la aprobación de una autorización o de un marco temporal de ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea." Una frase que, traducida al castellano operativo, significa que hay acuerdos que ni siquiera dependen del Gobierno español, sino de Bruselas. Y Bruselas, como es sabido, tiene sus propios ritmos.
Mientras tanto, el gasóleo sube, las petroleras no bajan sus precios pese al desplome del crudo —algo que Fenadismer ha denunciado públicamente en las últimas semanas—, y el sector soporta una presión que se acumula en los balances de las pymes de transporte de forma silenciosa. Silenciosa, porque, y esto merece una reflexión, el transporte por carretera en España protesta poco para lo que le está cayendo encima. Hay ultimátums, hay reuniones, hay comunicados, pero la contundencia real brilla por su ausencia.
La metodología de cálculo de la variación semanal del precio del gasóleo, que toma como referencia el precio antes de impuestos, lleva semanas siendo fuente de polémica. La nueva norma podría modificar el Anexo de la Orden Ministerial de 2012, aunque, de momento, no hay certeza de que así sea. Es otro punto que queda en el aire, pendiente de concreción.
Lo que está ocurriendo tiene una lectura que no conviene ignorar: el Gobierno está gestionando la situación con la técnica del goteo, aprobando medidas urgentes que alivian la presión a corto plazo sin resolver el fondo del problema. Y el CNTC, por su parte, acepta el proceso con una paciencia que puede interpretarse como responsabilidad institucional o como resignación, según desde dónde se mire.
La pregunta que debería hacerse cualquier empresa del sector es sencilla: ¿cuánto tiempo más puede sostener su estructura de costes mientras se espera que Bruselas autorice un marco de ayudas y que el Ministerio concrete lo que lleva meses negociándose?
Carlos Zubialde
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