Y no queda más remedio que poner nombre y apellido a la propuesta lanzada por los grupos parlamentarios europeos del Parido Popular y el de los Conservadores Reformistas Europeos, más que la antesala de lo que puede ser la muerte de los plazos de pago.

Ambos grupos parlamentarios han presentado una serie de enmiendas a la propuesta del Reglamento de lucha contra la morosidad que está promoviendo la Comisión Europea, y donde recordemos, se señalaba como eje principal el plazo de pago de una compra o servicio a 30 días en toda la Unión Europea. Entre la batería de propuestas de estos dos grupos está incluir la libertad de pactos, es decir, el reglamento puede indicar un plazo de pago obligatorio, pero este pude ser anulado si existe un pacto entre las partes, lo que han llamado libertad de pactos.

Las consecuencias de instaurar esta "libertad de pactos", en su consecuencia real, supone dar mayor peso a la parte más fuerte, que en el transporte, es la del cargador, lo que en la práctica supondría la eliminación completa de un plazo de pago, salvo el que el cargador quisiera establecer en su contrato con su proveedor de transporte, y que este aceptaría porque en caso de negativa, perdería esas cargas.

Si con la actual ley de pagos en España, que recordemos es obligatorio el pago en 30 días, ampliable a 60 días si existe un pacto entre ambas partes, un número muy elevado de cargadores, sin rubor ninguno estipulan en sus condiciones, por escrito, plazos de pago más largos que los 90 días, solo hay que imaginar que puede ocurrir si no existe un plazo máximo...

Desde el grupo Popular Europeo y el Conservador, mencionan la legitimidad de los pactos como elemento de neutralidad, pero la realidad es completamente distinta, ya que sería la puerta abierta hacia plazos cada vez mayores para el pago de los servicios de transporte, tal y como se puede ver mes a mes en el observatorio de morosidad que publica Fenadismer.

Si estas enmiendas son aprobadas, la parte más débil de la ecuación, es decir, el transporte, quedará a merced de la más poderosa, el cargador, que tiene más músculo financiero, y quiere aprovechar la situación para poder generar mayores beneficios para sí, en este caso, financieros. Precisamente es la crítica más extendida a esta propuesta, ya que algo que en teoría quiere lograr una neutralidad, no lo hace porque las dos partes implicadas no tienen el mismo tamaño, perdiendo, como es habitual, el más débil siempre.

Solo debemos de recordar que en España, el sector del transporte, en un 95% está compuesto por autónomos y microempresas, cuyo poder de negociación frente a los cargadores, queda en cierta desventaja. Si tuvieran que aguantar plazos de cobro del doble de los actuales, por ejemplo, con la situación y coyuntura de tipos de interés e inflación, un número importante de ellos quedaría abocado al cese de su actividad, posiblemente.

Ciertamente, la presentación de estas enmiendas ha sido duramente criticada por distintas asociaciones de todo índole, incluidas las de transporte como Fenadismer, que ve incomprensible como en un reglamento en el que ya se había adoptado una serie de medidas consensuadas, se quiere de pronto, incluir otras que contradicen el propio espíritu original del plan contra la morosidad. Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad piden a todos los grupos políticos que aprueben las enmiendas acordadas de antemano y desestimen las presentadas por el Partido Popular Europeo y el Partido Conservador.

A la espera de lo que pueda suceder, muchos sectores y trabajadores autónomos tienen puesta su mirada en las autoridades de la Unión. Veremos que resultado acontece.

Carlos Zubialde

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