La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la relevancia que puede tener el nuevo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros para el transporte por carretera. El procedimiento, previsto a partir del 1 de abril de 2026, permitirá que personas que ya residen en España y acrediten estancia continuada antes del 31 de diciembre de 2025 puedan acceder a residencia y autorización de trabajo si cumplen los requisitos legales establecidos.
El planteamiento no es menor para un sector que arrastra desde hace años un déficit estructural de conductores profesionales. Las estimaciones sitúan la falta de chóferes en torno a 30.000 vacantes, una cifra que no solo condiciona la operativa diaria de muchas empresas, sino que tensiona la capacidad de respuesta del transporte nacional en un entorno económico exigente. A ello se suma una edad media cercana a los 55 años y una incorporación juvenil insuficiente para garantizar el relevo generacional.
En este contexto, la regularización podría ampliar la base de potenciales trabajadores ya presentes en el país, reduciendo barreras administrativas y facilitando su incorporación al mercado formal. La oportunidad existe, pero conviene evitar lecturas simplistas. Disponer de autorización de trabajo no equivale automáticamente a disponer de conductores cualificados para operar vehículos pesados bajo normativa europea.
El transporte por carretera exige formación específica, certificaciones profesionales y adaptación a estándares técnicos y de seguridad cada vez más exigentes. Si la regularización no va acompañada de programas de capacitación bien diseñados, reconocimiento ágil de cualificaciones y mecanismos eficaces para la obtención del CAP y de los permisos correspondientes, el impacto real en la escasez de conductores será limitado.
Además, la integración laboral en el transporte no depende únicamente de la disponibilidad de trabajadores. Las condiciones del sector, los tiempos de conducción y descanso, la presión sobre márgenes y la percepción social de la profesión siguen siendo factores que desincentivan la incorporación. Pensar que la regularización resolverá por sí sola un problema estructural que lleva más de una década enquistado es ignorar la complejidad del mercado laboral del transporte.
Desde el punto de vista empresarial, la medida puede ofrecer una vía adicional para ampliar plantillas, siempre que se articule con incentivos económicos y con una política formativa coherente. La adaptación de perfiles extranjeros a la normativa española y europea requiere inversión, planificación y coordinación entre administraciones, centros de formación y empresas. Sin ese engranaje, la expectativa puede convertirse en frustración tanto para el sector como para los propios trabajadores regularizados.
El transporte por carretera es un pilar esencial de la economía española, responsable de buena parte de los flujos de importación y exportación. Garantizar su estabilidad operativa no puede depender de soluciones coyunturales. La regularización extraordinaria abre una puerta, pero el verdadero desafío es construir un marco laboral y formativo que haga atractivo el oficio y permita absorber nueva mano de obra con garantías de seguridad y profesionalidad.
Si el proceso se aborda como una política integral y no como un simple ajuste administrativo, puede contribuir a aliviar tensiones en el corto y medio plazo. Si se limita a aumentar el número de personas con permiso de trabajo sin resolver las barreras estructurales del sector, el déficit de conductores seguirá siendo una constante que ninguna regularización puntual podrá corregir.
Carlos Zubialde
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