España cuenta con una de las redes viarias más extensas de Europa, con más de 15.000 kilómetros de autovías y autopistas que conectan las distintas regiones del país y facilitan el transporte de mercancías y personas. Sin embargo, el mantenimiento y la modernización de esta infraestructura es un reto creciente, sobre todo en un contexto de envejecimiento de las carreteras y de nuevas demandas tecnológicas y ambientales. A pesar de los avances en la expansión de la red viaria desde la entrada en la Unión Europea en 1986, y la fuerte inversión inicial, el país enfrenta ahora un déficit significativo en la conservación de sus carreteras, sobre todo por el parón acontecido durante los años posteriores a la crisis del 2008-2010, cuyas consecuencias son visibles en la actualidad.
En los últimos Presupuestos Generales del Estado se destinaron 1.548 millones de euros para el mantenimiento de la red general de carreteras, lo que equivale a aproximadamente 32 euros por habitante. Esta cifra, aunque considerable, es insuficiente para mantener en buen estado una red viaria de tal magnitud, especialmente si se considera la necesidad de adaptar estas infraestructuras a los desafíos actuales como el cambio climático y la transición hacia una movilidad más sostenible, sin olvidar como es lógico la seguridad que debe de garantizar la propia vía a los usuarios (conductores).
Una de las cuestiones clave es quién debe asumir los costes del mantenimiento y la modernización de las carreteras. En la Unión Europea, existe una tendencia a trasladar estos costes a los usuarios a través de sistemas de peajes o tasas adicionales, un modelo que ya se aplica en la mayoría de los países, primero aplicando sobre sectores "diana" como lo es el transporte, y en la actualidad sobre otros usuarios dependiendo el país. Sin embargo, en España, donde solo un 10,2% de la red de alta capacidad está sujeta a peaje, la discusión sobre la implementación de un sistema de pago por uso es controvertida y tiene un elevado coste político.
El debate se centra en dos alternativas principales: mantener el modelo actual, financiado mayoritariamente por el presupuesto público, o implementar un sistema de peaje por uso que permita trasladar los costes de mantenimiento a los usuarios de las carreteras. Aquellos que defienden el peaje argumentan que permitiría financiar la modernización de la red, fomentar la transición hacia vehículos más sostenibles y reducir la carga sobre las finanzas públicas. Sin embargo, esta opción tiene importantes implicaciones económicas y sociales que deben considerarse detenidamente, y de las que el propio sector del transporte puede dar buena cuenta, ya que es en la actualidad quien paga ya un peaje de uso en carreteras de alta capacidad de Gipuzkoa o Bizkaia por ejemplo.
Uno de los principales argumentos en contra del peaje por uso es su impacto negativo sobre la economía y la cohesión social. Las carreteras son infraestructuras públicas esenciales que deben ser accesibles para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel económico. Imponer peajes en la mayor parte de la red de alta capacidad afectaría desproporcionadamente a las rentas medias y bajas, que verían cómo una parte significativa de sus ingresos se destina a pagar por el uso de las carreteras. Además, esto termina empujando a muchos conductores a utilizar vías secundarias, menos seguras y en peor estado, aumentando el riesgo de accidentes y generando un problema adicional de seguridad vial.
El pago por uso también afectaría a quienes viven en zonas rurales o periféricas, donde la infraestructura de transporte público es insuficiente o inexistente. Para estos ciudadanos, el automóvil no es un lujo, sino una necesidad, y el peaje por uso se convertiría en una carga adicional que agravaría la desigualdad territorial y económica. Además, la economía local, especialmente las pequeñas y medianas empresas que dependen del transporte por carretera para mover sus productos, sufriría un aumento en los costes operativos, lo que podría repercutir en los precios finales y reducir la competitividad.
Existen alternativas más justas y sostenibles para financiar el mantenimiento y la expansión de las carreteras. Una opción sería aumentar la inversión pública a través de los Presupuestos Generales del Estado, distribuyendo equitativamente los costes entre todos los contribuyentes. Esta medida reconoce que las carreteras benefician a toda la sociedad al facilitar el comercio, el turismo y la conectividad, y que, por tanto, su mantenimiento debe ser una responsabilidad compartida.
Además, la implementación de un sistema de peaje por uso requeriría una compleja infraestructura administrativa, desde la instalación de puntos de cobro o sistemas electrónicos en las propias carreteras hasta la gestión de los pagos. Estos recursos podrían destinarse mejor a la mejora y conservación de las carreteras, sin imponer una carga adicional sobre los usuarios.
Aunque el pago por uso de las carreteras pueda parecer una solución atractiva para financiar el mantenimiento y la modernización de la red viaria, sus implicaciones económicas y sociales lo convierten en una opción controvertida y potencialmente perjudicial para todo el conjunto de la sociedad. Es fundamental buscar alternativas que sean no solo económicamente viables, sino también socialmente justas y sostenibles. Solo así podremos garantizar un sistema de transporte que beneficie a todos los ciudadanos por igual, promoviendo el desarrollo y la cohesión social, sin imponer cargas desproporcionadas a los más vulnerables.
El futuro del transporte en España debe construirse sobre la base de la equidad, la sostenibilidad y la eficiencia, principios que deben guiar cualquier decisión en materia de financiación de infraestructuras.
