Que la entrega a domicilio de los envíos que se gestiona actualmente no es sostenible bajo ningún concepto. A los problemas de sostenibilidad medioambiental o social, se le unen también los que impactan en el día a día de las principales ciudades, la gestión del tráfico y los espacios públicos.
Los ayuntamientos llevan tiempo intentando gestionar la situación, es decir, que sin una línea común de trabajo. En este caso, el de Barcelona llevaba tiempo enfocando el problema de la distribución desde un punto de vista “impositivo”.
Primero pensaron en imponer una tasa a las empresas vendedoras de comercio electrónico, pero claro, si estas no pagan ni los impuestos que les impone la Unión Europea, como para hacer caso a un ayuntamiento. Luego se pensó en grabar al comprador, pero quedaba claro que era imposible hacer esa recaudación, por lo que solo quedaba una alternativa: cobrar al mensajero.
Después de un tiempo de trabajos, el ayuntamiento de Barcelona comunica que a partir de marzo del 2023 (meses antes de las elecciones), comenzará a cobrar la tasa, popularmente llamada como “Tasa Amazon”, a las grandes operadoras de reparto por “aparcar” para hacer las entregas en domicilio. Según comunican, esta tasa será pagada por un total de 26 empresas, cuyas facturaciones son superiores al millón de euros.
Siguiendo con su información, se dice que solo pagaran cuando hagan entregas a domicilio, pero no cuando depositen la mercancía en puntos de recogida, indicando como tal las taquillas o lockers, pero no mencionando si los puntos de conveniencia entran dentro de este rango. Y que la tasa será pagada por los principales operadores, señalan como tal Amazon, DHL, UPS, Seur, MRW o Correos Express.
La tasa, primero, afronta un concepto como el de la ocupación del espacio público, para lo cual dicen tener varios estudios apoyados por entidades y universidades en el ámbito de la tributación local, en previsión de las demandas judiciales de las empresas afectadas. Y es que el concepto de ocupación del espacio público parece que no es muy acertado, por ejemplo, si un representante comercial accede al centro de Barcelona con un vehículo de combustión no paga nada, pero, ¿un mensajero con un triciclo si?. Da para mucho cuando se habla de “aprovechamiento especial del dominio público local”, ¿acaso otras muchas actividades no lo hacen? ¿Acaso el retail no ocupa las calles para realizar su reparto? ¿O las farmacias?
De todas formas, esto tiene una forma muy sencilla para no cumplirlo, simplemente se volverá a la distribución “pirata”, con coches particulares y sin ningún distintivo que pueda hacer ver que está realizando labores de reparto. Es verdad que por la LOTT no es legal, pero los más viejos del lugar ya lo han visto en el pasado.
Pero la chapuza puede ser mayúscula cuando se indica que la tasa se trasladara a los operadores; ¿conocen los responsables del ayuntamiento de Barcelona que MRW, Nacex o Amazon por ejemplo, no tienen un solo vehículo suyo? ¿Conocen que todas las furgonetas, de todas las marcas, son de chóferes autónomos? ¿Saben como funciona el sistema de franquicia en el sector del transporte?
Por la información aportada, su conocimiento es nulo; se dice que se pondrá una tasa impositiva “fija” del 1,25% de la facturación anual de cada operador, y buscando ingresas en las arcas municipales 200 millones de euros anuales.
Aquí es donde se aplica el concepto “chapuza”, y ponemos dos ejemplos:
1-No reparten ellos: ya hemos dicho, marcas como Amazon no reparten con sus medios, subcontratan a empresas para que realicen el mismo en su nombre (logos, colores, forma de reparto, soporte informático, etc). El verdadero operador, NO ES AMAZON, es una empresa local de Barcelona, que trabaja para esa marca. Ocurre lo mismo con empresas en sistemas de franquicia como Nacex o MRW. Si gravan a estas empresas, NO están gravando a Amazon, lo hacen a una empresa barcelonesa que trabaja para un tercero (Amazon).
2-El coste repercutido: imaginemos que la tasa se aplica, esto quiere decir que alguien lo pagará, y como ocurre con las tasas bancarias, el que terminará pagando será el comprador final. Si hacemos un ligero ejercicio numérico, una empresa que factura 1.000.000 € en reparto en Barcelona, la aplicación de la tasa supone un coste añadido de cerca de 0,40 € por entrega.
Sea como fuere, lo que el ayuntamiento de Barcelona propone tiene un recorrido mayor, estamos seguramente ante el primer escenario en el cual las entregas a domicilio dejaran de ser gratuitas, eso si, ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Artículo propiedad de Carlos Zubialde
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