La Unión Europea ha decidido aplazar la entrada en vigor del nuevo sistema de comercio de emisiones de CO2 aplicado al transporte por carretera, una decisión que afecta de lleno al transporte de mercancías. Aunque su implantación estaba prevista inicialmente para 2027, finalmente no se activará hasta 2028 tras el acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo, atendiendo a las preocupaciones económicas planteadas por distintos Estados miembros y por los sectores afectados.
Este nuevo régimen, conocido como ETS2, amplía el actual sistema europeo de comercio de derechos de emisión, que hasta ahora se aplicaba principalmente a la industria pesada y a la generación eléctrica. Con esta extensión, la Unión Europea pretende que sectores como el transporte por carretera y los edificios contribuyan de forma directa a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la práctica, el sistema obligará a los proveedores de combustibles fósiles a adquirir derechos de emisión por el CO2 asociado a los carburantes que ponen en el mercado, lo que supondrá un coste adicional ligado a cada litro de gasóleo o gasolina utilizado.
Aunque la obligación formal recaerá sobre las compañías suministradoras de combustible, el impacto económico acabará trasladándose previsiblemente al precio final del carburante. Esto tendrá un efecto directo sobre los costes de explotación de las empresas de transporte, un sector tan dependiente del diésel como el transporte de mercancías por carretera, donde el combustible representa una de las principales partidas de gasto, que puede situarse entre el 35% y el 40% según distintos estudios.
El retraso de un año en la aplicación del ETS2 responde a un contexto marcado por la inflación, la volatilidad de los precios de la energía y el temor a agravar la situación económica tanto de los hogares como de sectores estratégicos. Las instituciones europeas han optado por ganar margen temporal y condicionar la entrada en vigor definitiva a la evolución de los precios energéticos y del propio mercado de derechos de emisión. Incluso se contempla la posibilidad de revisar nuevamente el calendario si el impacto económico resultara excesivo.
Aun así, las estimaciones manejadas apuntan a que, una vez activado el sistema, el precio de los carburantes aumentará varios céntimos por litro (se llega a hablar de entre 0.12€ y 0.15€ por litro). En el caso de flotas de vehículos pesados con un consumo anual elevado, este incremento se traducirá en un sobrecoste muy relevante, obligando a revisar tarifas, contratos y márgenes en un entorno ya de por sí ajustado. El aplazamiento hasta 2028 ofrece algo más de tiempo para prepararse, pero no cambia la dirección de fondo de la política europea, orientada a encarecer progresivamente el uso de combustibles fósiles e incentivar alternativas de bajas o cero emisiones.
Para amortiguar este impacto, la Unión Europea ha previsto la creación de un Fondo Social para el Clima, que se financiará en parte con los ingresos obtenidos en las subastas de derechos de emisión. Este fondo tiene como objetivo reducir el efecto del nuevo sistema sobre los consumidores y sobre las pequeñas y medianas empresas, a través de ayudas directas, programas de eficiencia energética y apoyo a la transición hacia soluciones de movilidad más sostenibles. También se contempla que una parte de estos recursos pueda destinarse a facilitar la adaptación del transporte profesional, fomentando la renovación de flotas y el desarrollo de infraestructuras alternativas.
Aunque el calendario se haya desplazado hasta 2028, la señal regulatoria es clara. La dependencia exclusiva del diésel implicará afrontar una presión creciente sobre los costes. Anticiparse, planificar la transición y seguir de cerca las políticas nacionales que se desarrollen con cargo al Fondo Social para el Clima será clave para mantener la viabilidad de las empresas del sector.
En los próximos años, los Estados miembros deberán definir cómo aplicarán este nuevo sistema, qué medidas de acompañamiento pondrán en marcha y cómo distribuirán los recursos disponibles. Resultará fundamental que estas decisiones tengan en cuenta la realidad operativa del transporte por carretera, un sector esencial para el abastecimiento y el funcionamiento de la economía. Para los profesionales del transporte y los gestores de flotas, mantenerse informados y participar activamente, a través de las organizaciones representativas, en el diálogo con las administraciones será determinante para que la transición se realice de forma ordenada y realista.
Carlos Zubialde
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