La Guardia Costera de EE. UU. suspende permiso a Puerto Nuevo Terminals por manejo ilegal de nitrato de amonio
La Guardia Costera de EE. UU. toma medidas drásticas tras el incumplimiento de regulaciones de seguridad por parte de Puerto Nuevo Terminals.
El capitán Robert Stiles, comandante en funciones del Sector San Juan de la Guardia Costera de EE. UU., emitió el miércoles una orden de 'capitán del puerto' (COTP) a Puerto Nuevo Terminals (PNT) debido al manejo ilegal de nitrato de amonio. Esta acción se tomó tras una inspección rutinaria donde se descubrió que PNT no cumplía con las ordenes regulatorias y de seguridad previamente establecidas por la Guardia Costera, lo que llevó a la suspensión de su permiso para manejar cargas peligrosas.
La falta de capacidad adecuada para combatir incendios en la instalación ha sido una preocupación constante para la Guardia Costera. El capitán Stiles destacó que "esta es una violación seria que crea una situación peligrosa en Puerto Nuevo Terminals, que se encuentra ubicado junto a una instalación de gas natural licuado". El manejo ilegal del nitrato de amonio podría representar un riesgo significativo para la seguridad de la infraestructura crítica en el puerto de San Juan, especialmente por su cercanía a dicha instalación.
Después de varias concesiones que ofrecían a PNT oportunidades para cumplir con las regulaciones, se emitió una carta de aviso final con un plazo de cumplimiento que expiró el 8 de octubre de 2024. Dado que PNT no cumplió con este plazo, su permiso general para manejar y almacenar cargas peligrosas fue suspendido el 9 de octubre de 2024.
A pesar de algunos avances hacia el cumplimiento, incluyendo medidas temporales de combate a incendios, las restricciones impuestas a PNT fueron violadas, lo que llevó a esta última medida de suspensión de su permiso para operaciones con cargas peligrosas. La orden de suspensión permanecerá en efecto hasta que PNT cumpla con los requisitos establecidos en la orden COTP.
El incumplimiento de esta orden podría resultar en sanciones civiles de hasta $117,608 por cada día de violación. Por otra parte, una violación deliberada y consciente de esta orden constituye un delito grave, con penas de prisión de hasta seis años y multas que pueden alcanzar los $250,000 para individuos o $500,000 para organizaciones.