Con el anuncio de movilizaciones tocando a la puerta del ministerio de transporte del Gobierno, se ha presentado a las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera las líneas maestras de lo que será la futura Ley de Cadena de Transporte, que pretende garantizar la viabilidad del sector.
La ley está inspirada en la Ley de Cadena Alimentaria y supuestamente su objetivo es el de reequilibrar las relaciones comerciales entre el transportista efectivo y su cliente, casi siempre una relación basada casi en el sometimiento por la parte contratadora (precios, plazos de servicios o condiciones varias), en lugar de una relación paritaria. El objetivo final de esta ley es que los transportistas trabajen sin perder dinero, es decir, que no puedan trabajar sin cubrir los costes de explotación.
Como decíamos, la ley está inspirada en la de la Cadena Alimentaria, que supuestamente permite a los agricultores poder establecer un precio para sus productos que cubra sus costes, situación que en la realidad no se cumple tal y como lo denuncian las asociaciones agrarias.
Otro punto importante de la futura ley es la gestión de la subcontratación, una de las verdaderas lacras del sector. Las cadenas de subcontratación son tremendas en el transporte, con cientos de operadores que únicamente realizan labores de intermediación que no aporta valor ninguno al servicio, y que deteriora la actividad y sobre todo, al transportista efectivo.
¿Será esta ley una “limpieza de cara” que no tenga aplicación práctica?
Si nos guiamos por la Ley de la Cadena Alimentaria, el futuro no parece nada halagüeño, similar a la ley de pagos, que aun estando prohibido el pago de servicios a más de 45 días, sigue siendo práctica habitual el pago a 90 días o más.
¿Sirve una ley si esta no se cumple?
Artículo propiedad de Carlos Zubialde
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