Depende de a quién se lo preguntemos, la respuesta será desde un sí rotundo hasta una vehemente negativa. Y es que este tema lleva ya más de 4 años de litigio entre Amazon y el estado, que considera que la compañía americana sí es un operador postal y que, como tal, debe de cumplir con las obligaciones que se les exige a todas las empresas de transporte que operan en España.
La decisión final la tendrá el tribunal supremo, a instancias de un recurso presentado por la Abogacía del Estado frente al auto que se publicó en verano del 2023, en la cual no se consideraba que Amazon fuera un Operador Postal.
Cronológicamente, el litigio comenzó en el año 2020 con la conclusión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de que Amazon tenía que ser considerado como un operador postal, y debía como tal cumplir con las normativas establecidas. La compañía recurrió esta decisión, que es la que está coleando todavía, y que en primera instancia dio la razón a la empresa de que no debía de ser considerada como operador postal.
El conflicto es el servicio
Básicamente, el conflicto viene derivado de que la CNMC en su momento estudio los servicios que ofrecían las 2 filiales de Amazon en España relacionadas con las actividades logísticas, es decir, Amazon Spain Fulfillment y Amazon Road Transport Spain. Analizaron si estas empresas que ofrecían servicios de mensajería y paquetería, lo hacían únicamente para dar un servicio exclusivo a sus clientes (los compradores de su propia web), o por contra, el servicio excedía ese ámbito.
En su momento, la CNMC consideró que Amazon ponía a disposición de "terceros" sus servicios logísticos y de transporte y no solo para hacer esa labor con sus productos, por lo que se puede llamar que es un servicio "propio" (que se prensan solo para ellos solos), no se cumplía, y que por ello se tenía que considerar que era un operador postal.
Y además, también venían a señalar que Amazon utilizaba los servicios de terceras empresas de transporte para poder prestar esos servicios de distribución y mensajería sobre los que incluso tienen una influencia muy similar a la de un sistema franquiciado, por lo que su actividad era puramente de operador postal.
Esta pelea por la consideración tiene un potencial impacto sobre el servicio de Amazon, por ejemplo, la famosa tasa que quiere establecer el Ayuntamiento de Barcelona por ocupación del espacio público de las empresas que reparten envíos de ecommerce, se sustenta y aplica a empresas que son operadores postales. Si Amazon fuera considerado como tal por el tribunal supremo, entraría en esa casuística no solo en Barcelona, sino también en todas las poblaciones que están estudiando implantar un modelo similar para regular la distribución y proteger su pequeño comercio.
Carlos Zubialde
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