Y siguen dando vuelta con la mal llamada «Tasa Amazon» del Ayuntamiento de Barcelona
Parece mentira, pero todavía sigue coleando el mal llamado "Tasa Amazon", la tasa que el Ayuntamiento de Barcelona, que pretendía gravar las entregas de envíos de ecommerce a los operadores postales, y es que la Justicia catalana ha declarado nula la tasa.
Parece mentira, pero todavía sigue coleando el mal llamado "Tasa Amazon", la tasa que el Ayuntamiento de Barcelona, que pretendía gravar las entregas de envíos de ecommerce a los operadores postales, y es que la Justicia catalana ha declarado nula la tasa.
Esta tasa fue recurrida por UNO, la patronal de las empresas logísticas y AEM, asociación de empresas de mensajería, que han ganado el recurso contencioso-administrativo, y han logrado que la justicia declare como nula la misma y la regulación fiscal que el ayuntamiento de Barcelona quería establecer a la distribución urbana de envíos de ecommerce.
Esta tasa de reparto de comercio electrónico tenía como objetivo regular el uso del espacio público por parte de estas empresas, abordar el significativo aumento en la entrega de paquetes a través de grandes operadoras postales, mitigar el incremento de la contaminación y equilibrar la competencia con el comercio local según el Ayuntamiento de Barcelona, aunque por detrás se podía ver claramente una parte ideológica que ha salido mal parada.
La regulación estaba dirigida a las grandes operadoras postales de comercio electrónico con ingresos brutos superiores a un millón de euros provenientes de entregas a los destinos finales en Barcelona indicados por los consumidores, y que pese a ser conocido como "Tasa Amazon", la compañía estadounidense estaba exenta del pago de la misma al haber sido declarada por el tribunal supremo como que sus servicios no son postales, por lo que no era posible aplicarles, cuando el objetivo inicial del Ayuntamiento fuera ese.
El proyecto ha sido controvertido desde su inicio debido a sus implicaciones, acumulando críticas y recursos judiciales de diversas instancias, incluyendo la Generalitat de Cataluña y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que lo han considerado desproporcionado y distorsionador de la competencia al aplicarse de manera desigual según la forma de comprar y entregar los bienes.
Que hay que hacer algo, está claro, pero la vía que tomo el Ayuntamiento de Barcelona no parece ser el adecuado, por mucho que sus dirigentes, pese a la anulación y sentencia en contra, siguen manifestando que seguirán adelante con su idea de establecer la tasa.