El Observatorio permanente de la morosidad que elabora mensualmente Fenadismer junto a la Fundación Quijote para el Transporte acaba de publicar el dato de febrero: los cargadores e intermediarios han pagado a sus proveedores de transporte en una media de 54 días, el registro más bajo desde que existe la serie histórica. Son cinco días menos que la media de diciembre, y consolidan una tendencia que arrancó hace cuatro años con el sector en una situación muy distinta.
Para entender el recorrido, conviene poner el número en perspectiva. En 2021, cuando entró en vigor el régimen sancionador específico para la morosidad en el transporte, la media de pago rondaba los 83 días. En 2025 se cerró en 59. Ahora, en febrero de 2026, se sitúa en 54. No es una mejora insignificante ni puntual, es una transformación estructural del comportamiento de pago en el sector, y tiene una causa bastante clara: la amenaza real de una multa de hasta 30.000 euros, algo que no existe en otros sectores económicos, ha cambiado los hábitos de una parte significativa del mercado.
A esto hay que añadir el efecto concreto de la actividad inspectora, que tiene un peso importante en el resultado actual. En el segundo semestre de 2025, el Ministerio de Transportes impuso 34 multas a 28 empresas por incumplir la legislación sobre morosidad, el semestre con menor número de sanciones desde que en 2023 comenzó a publicarse el listado de empresas multadas. Que haya menos multas no significa necesariamente que haya menos inspecciones, sino que cada vez menos empresas llegan a esa situación. La presión normativa, cuando es sostenida y visible, funciona. Y en este caso, los datos lo confirman.
Dicho esto, el dato de febrero también tiene su reverso, y es que todavía un 43% de los clientes de los transportistas paga por encima del plazo máximo legal de 60 días. Y dentro de ese porcentaje, el 71% lo hace en la franja de 60 a 90 días, es decir, excediendo el límite pero sin llegar a los extremos más graves. Un 6% aún paga a más de 120 días. El avance es real, pero casi la mitad del mercado sigue incumpliendo la ley con normalidad, aunque sea en el tramo más leve.
Aquí es donde el análisis tiene que ir más allá de la media o del dato fácil: que 54 días sea el mejor dato histórico no convierte ese plazo en un objetivo razonable para el sector a largo plazo. En un negocio con márgenes ajustados, costes fijos elevados y una dependencia estructural del circulante, cobrar a dos meses sigue siendo financiar al cliente. El transportista autónomo o la pequeña empresa que trabaja con facturas de 10.000 o 20.000 euros no puede permitirse esperar casi dos meses sin que eso tenga un coste real, muchas veces invisible en la cuenta de resultados, pero muy tangible en la tesorería.
En definitiva, podemos decir que la lectura es positiva, pero acompañada de una demanda clara: que la Inspección de Transporte mantenga su actividad para lograr un cumplimiento generalizado. Y además deberíamos apuntar algo que merece ser tomado en serio como sector: el verdadero horizonte no debería ser quedarse por debajo de 60 días, sino acercar el plazo habitual de pago a los 30 días. Ambicioso, sí, pero no arbitrario. Es simplemente equipararse a lo que en muchos otros sectores ya es la norma.
Carlos Zubialde
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