El proceso para la aprobación de la ley de pagos a nivel europeo continúa y la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor adoptó su posición sobre el reglamento de lucha contra la morosidad. El proyecto de normativa pretende mejorar la disciplina de pago de todos los agentes (grandes empresas, PYME y autoridades públicas) e impulsar la competitividad de las empresas, en particular de las PYME
Hay que tener en cuenta que en la Unión Europea, casi el 50% de las facturas NO se pagan a tiempo y plazo legal estipulado, a lo que añadimos que el 99% de las empresas de la UE son PYMEs, por lo que esta situación se convierte en financieramente poco sostenible.
Si hablamos del transporte en España, las cifras refrendan la situación del pago fuera de plazo, aunque el porcentaje de las empresas que no cumplen con la misma se esté reduciendo de forma paulatina, aunque todavía es necesario un cambio de cultura para invertir la tendencia y eliminar la morosidad en el pago de los servicios o la compra de productos.
La nueva normativa, en la que se está trabajando, tiene como objetivo que los pagos tendrían que hacerse en 30 días, con excepciones limitadas. El proyecto de Reglamento introduce una serie de medidas destinadas a eliminar las ambigüedades y lagunas jurídicas que han limitado la eficacia de la actual Directiva sobre morosidad.
El proyecto de texto establece un plazo máximo de pago más estricto, de 30 dias, tanto en las transacciones entre empresas (B2B) como entre administraciones públicas (G2B) (cuando la autoridad pública es el deudor), con el objetivo de normalizar los pagos. Los eurodiputados quieren garantizar que las empresas tengan flexibilidad para negociar plazos de pago de hasta 60 días naturales en las transacciones B2B, siempre que se acuerde expresamente en el contrato, similar a lo que establece la Ley de Pagos de España para el transporte, pero en este caso ampliado a todos los sectores.
También hay algunas partes que están siendo estudiadas como ampliar el plazo para algunos sectores como el minorista, por lo que se trabaja en una tabla de plazos dependiendo del sector, así como una serie de cuotas por el retraso en el pago para las empresas e instituciones deudoras.
El proyecto de informe, que fue aprobado con 33 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones el pasado 13/03/2023, se someterá ahora a votación en el pleno del 22 al 25 de abril y constituirá la posición del Parlamento en primera lectura, de la cual se trabajarán en las enmiendas que presenten los distintos partidos políticos. El expediente será seguido por el nuevo Parlamento tras las elecciones europeas del 6 al 9 de junio, por lo que la fecha de su aprobación todavía queda lejana.
Carlos Zubialde
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