La resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra varias sociedades del grupo Repsol introduce un nuevo elemento de análisis en un mercado que ya venía sometido a una fuerte presión desde 2022. La multa, que asciende a 20,5 millones de euros, se apoya en la constatación de una política de estrechamiento de márgenes que afectó de forma directa a estaciones de servicio independientes y de bajo coste, especialmente en el suministro de gasóleo A destinado a clientes profesionales.
Según la CNMC, durante el periodo analizado Repsol mantenía una posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles de automoción a escala estatal, lo que implica una responsabilidad reforzada en términos de competencia. La conducta sancionada se centra en la venta de gasóleo A a estaciones rivales, un segmento crítico porque estas estaciones abastecen mayoritariamente a transportistas y flotas profesionales, muy sensibles a cualquier variación de precio.
Las investigaciones se iniciaron a finales de 2022, tras varias denuncias sectoriales y una serie de inspecciones en sedes de operadores de hidrocarburos. Un año después, en diciembre de 2023, se abrió formalmente el expediente sancionador. El regulador ha concluido que distintas sociedades del grupo, entre ellas Repsol, Solred y Campsa Estaciones de Servicio, desplegaron una estrategia orientada a recuperar volumen y cuota frente a estaciones independientes que venían ganando terreno desde 2019.
La práctica se materializó entre abril y diciembre de 2022. Por un lado, se incrementaron de forma generalizada los precios mayoristas aplicados a estaciones independientes. Por otro, en la red propia se reforzaron los descuentos al gasóleo A para clientes profesionales, sumando incentivos adicionales al descuento de cinco céntimos por litro habilitado como alternativa a la prestación patrimonial exigida por el Gobierno. Esta combinación redujo de forma significativa el margen disponible para las estaciones rivales, dificultando su capacidad para competir en precio.
El contexto no fue neutro. Ese periodo coincidió con el fuerte encarecimiento de los carburantes tras la invasión de Ucrania por Rusia, cuando el precio del gasóleo A llegó a situarse durante varios meses por encima del de la gasolina, algo inédito hasta entonces en el mercado español. En ese escenario, varias estaciones independientes vieron caer de forma drástica su volumen de ventas a profesionales, mientras el grupo Repsol incrementaba las suyas y reforzaba su posición en corredores estratégicos de transporte y zonas de alta demanda.
El impacto sobre el sector del transporte fue directo. Para muchas empresas, especialmente pymes y autónomos, la reducción de opciones competitivas en el repostaje profesional se tradujo en menos capacidad de negociación y en mayores dificultades para contener uno de sus principales costes operativos en un momento de extrema volatilidad. La presión sobre los márgenes del transporte no vino solo del precio del combustible, sino también de la menor diversidad de oferta en determinados enclaves clave.
Además de la sanción económica, la resolución incluye la prohibición temporal de concurrir a licitaciones públicas para el suministro de gasóleo A durante seis meses para las sociedades implicadas. Más allá del recurso judicial que pueda interponerse, el caso deja una señal clara al mercado: las estrategias comerciales en momentos de tensión no son neutras y pueden tener efectos estructurales sobre la competencia y sobre sectores dependientes como el transporte por carretera. Para los operadores logísticos, la lección es observar cómo las dinámicas aguas arriba acaban condicionando, a menudo de forma silenciosa, su capacidad de operar con márgenes sostenibles.
Carlos Zubialde
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