Cuando parecía que todo estaba ya muerto, el ayuntamiento de Barcelona no arroja la toalla y ha decidido presentar un recurso de casación ante el tribunal supremo, en un intento de salvar la mal llamada "tasa Amazon" cambiando en la norma algunos aspectos que les permita su aplicación.
La normativa del ayuntamiento de Barcelona de gravar las actividades de distribución de envíos en sus calles fue tumbado por el tribunal superior de justicia de Catalunya (TSJC) el pasado mes de julio del 2024, dando así fin a un recorrido que comenzó en febrero del 2023 cuando el ayuntamiento de la ciudad condal estableció un impuesto por el uso del espacio público por parte de las empresas de reparto a domicilio de envíos.
Inicialmente, se pensaba actuar contra las grandes empresas de reparto, el mayor enemigo quedaba claro que era Amazon (no es casualidad que la tasa se conozca con ese nombre), pero en el fondo, imponía un mayor coste a todas las empresas que realizaban distribución, y que además, Amazon quedaba excluida de ese pago tal y como ya informamos en su momento.
La justicia tumbó la normativa en respuesta a un recurso de la patronal del transporte UNO, sentencia ante la cual el consistorio ya aseguró en su momento que, si bien respetaba las decisiones judiciales, estaba disconforme y estudiaría cómo defenderla, cuya consecuencia es la presentación de este recurso.
En su momento, la sentencia del TSJC decía la “”obsolescencia actual de las normas vigentes frente a sistemas de comercio como el de Amazon, pero igualmente anulan la tasa barcelonesa al considerar “injusto” que grave únicamente la carga y descarga en la calle de los operadores de comercio electrónico y no del conjunto de transportistas". Lo cierto es que la norma no parecía tener por donde sujetarse, ya que el ayuntamiento quería que pagaran las empresas, pero no los repartidores autónomos y pequeñas empresas, lo que da a entender el desconocimiento del propio sector al que se quería aplicar la norma.
En que se basa el recurso
Como ya anuncio el consorcio, no estaban conformes, por lo que han basado su recurso en lo expuesto en la sentencia por una de las magistradas, que sí avaló la tasa. La argumentación de esta magistrada se basaba en que el uso que hacen las empresas y furgonetas de reparto de e-commerce de la vía pública es insostenible para el comercio, el medio ambiente y el tráfico de la ciudad. Y hacía especial mención a la primera, al perjuicio que causa el comercio electrónico para los comerciantes de la ciudad, que según su consideración "si tributan para financiar los servicios e infraestructuras".
Lo que no han dicho desde el ayuntamiento es que partes de la normativa han cambiado para que esta pueda ser aprobada y aplicada. Este punto es muy importante, porque en el fondo de la situación, además de los objetivos políticos (defensa del comercio local, medio ambiente, etc), hay un trasfondo económico, y es que el consorcio ha calculado que esta tasa generaría un ingreso estimado de 2.6 millones de euros anuales.
El objetivo inicial de la tasa era centrar el pago en empresas que transporte que ocuparan el espacio público de las calles de Barcelona, y que, además, facturaran más de un millón de euros al año, intentando así no recargar esa tasa sobre los autónomos y pequeñas empresas. Para eso mapearon las empresas que prestan dicho servicio en Barcelona, detectando 26 operadores que entraban según su calificación, entre los que se les podía aplicar la tasa.
Pero el desconocimiento del sector le ha pasado una mala jugada al ayuntamiento, pensaban que podrían aplicar esta tasa a empresas como DHL o UPS, cuando estas empresas no tienen recursos propios para el reparto (lo hacen con proveedores externos, es decir, autónomos, por ejemplo). Y sobre todo, el objetivo era ir a por Amazon, pero paradójicamente, esta se salvó de pagar la tasa que lleva su nombre debido a que una sentencia de la Audiencia Nacional, que falló el octubre pasado, que la empresa no es un operador postal, sino un e-commerce, noticia que también recogimos aquí.
En definitiva, una norma que nació ya con el tiro desviado, parece que va tocando a su fin, de no ser que los cambios que propone el ayuntamiento de Barcelona en la norma y que son en los que basa su recurso de casación, prosperen.
Todavía queda un último capítulo.
Carlos Zubialde
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