Los cargadores piden “flexibilidad” en la nueva normativa de transporte
Como ya era conocido y manifiesto, las asociaciones de cargadores no están conformes con la nueva normativa del transporte y han comenzado una serie de comunicaciones que llevan como objetivo influir en el desarrollo y aplicación del Decreto-Ley que regula por ejemplo la prohibición de la carga y de
Como ya era conocido y manifiesto, las asociaciones de cargadores no están conformes con la nueva normativa del transporte y han comenzado una serie de comunicaciones que llevan como objetivo influir en el desarrollo y aplicación del Decreto-Ley que regula por ejemplo la prohibición de la carga y descarga, los tiempos de espera o la regulación del coste del carburante en el precio del servicio.
Después de la aprobación y publicación del Decreto-Ley con fecha 03/03/2022 junto con las declaraciones de la clase política, las asociaciones de cargadores entienden que el decreto coarta la libertad de contratación de servicios de sus representados, valorando incluso el nuevo decreto como de “intervencionista”.
La realidad es que la norma está todavía en una fase muy incipiente, queda por ser desarrollado los reglamentos que hagan cumplir el decreto-ley, y es en ese punto donde asociaciones como Aecoc quieren intentar influir, con el objetivo de flexibilizar la aplicación práctica del decreto-ley.
Desde el colectivo de los cargadores se habla de una norma que atenta de forma grave a sus economías derivadas de una norma que para ellos pone fin a la negociación entre ambas partes (cargadores y empresas de transporte).
La posición es lógica, estamos hablando de un colectivo como el de los cargadores, que en la mesa de “negociación” entre ambas partes (ellos y los transportistas), siempre han tenido la posición de fuerza. Esta posición les ha permitido poder negociar condiciones en muchos casos inviables económicamente para las empresas de transporte, por lo que perder esa posición de fuerza como es normal, tiene la respuesta actual.
La situación no es nada sencilla para el Gobierno, estamos hablando de una posible “rotura” de la cadena de suministro de ámbito nacional derivado no solo de este decreto-ley, sino de la ola inflacionista que está asolando a toda Europa, y que se está cebando de forma muy especial en el transporte, un sector con una exposición al coste del carburante tal, que muchas empresas están haciendo números si las perdidas son menores parando sus flotas de camiones y vehículos en lugar de estar realizando los servicios de transporte a los precios actuales.
Veremos como evolucionan los acontecimientos, pero la realidad es que están en juego los márgenes de las empresas de transporte sin dejar de mirar al horizonte, donde se pueden ver otros costes como el pago de peajes por el uso de autovías que el gobierno ya lanzo como posibilidad hace unos meses.