Este viernes el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) se sienta de nuevo con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para abordar lo que el propio sector califica como un segundo paquete de medidas urgentes. La reunión no es un gesto de buena voluntad, sino la consecuencia directa de un ultimátum: el CNTC había dado plazo al Ejecutivo hasta este mismo viernes para mejorar las ayudas aprobadas la semana pasada, bajo amenaza de movilizaciones.
El detonante es conocido, la guerra en Irán ha disparado el precio del gasóleo más de un 30% en tres semanas, y el primer decreto del Gobierno —una bonificación de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional— no ha convencido a nadie en el sector. Las empresas de transporte llevan semanas absorbiendo un encarecimiento de costes que no pueden trasladar a sus clientes con la misma velocidad con la que sube el surtidor, y la brecha entre lo que ingresa una expedición y lo que cuesta moverla se ensancha por días.
Lo que está en juego en esta negociación no es solo el importe de las ayudas, sino el modelo con el que el Gobierno responde a una crisis de costes en el transporte. Los 20 céntimos de bonificación tienen un recorrido limitado cuando el contexto geopolítico sigue siendo volátil y cuando buena parte de los contratos de transporte vigentes se pactaron con un precio del combustible sustancialmente inferior al actual. Renegociar esos contratos lleva tiempo, y mientras tanto las empresas operan en negativo.
El CNTC ha sido explícito al señalar que ha contenido a sus bases, que presionan por medidas más contundentes, y que ha evitado convocar paros por la proximidad de la Semana Santa, un periodo en el que cualquier interrupción del suministro tiene un efecto multiplicado sobre la distribución alimentaria y el comercio. Ese ejercicio de contención tiene un límite, y la organización lo deja claro en su comunicado: espera que el Gobierno entienda la responsabilidad que implica esta reunión.
Para las empresas de transporte y para los cargadores que dependen de ellas, el resultado de esta negociación tiene consecuencias operativas inmediatas. Si el segundo paquete incluye medidas de mayor calado —prórroga de la bonificación, reducción de peajes, líneas de liquidez o ajuste del régimen de módulos— el sector puede ganar margen para reequilibrar contratos. Si no es así, la presión sobre los precios del servicio aumentará de forma inevitable, y con ella la tensión en la cadena.
Lo relevante de este momento no es solo lo que se acuerde este viernes, sino lo que revela sobre la estructura del problema: el transporte por carretera en España opera con márgenes estrechos, con contratos que no tienen mecanismos ágiles de revisión ante shocks de costes, y con una dependencia del combustible fósil que hace al sector especialmente vulnerable a cualquier convulsión geopolítica. Las ayudas son un parche necesario, pero la pregunta de fondo —cómo construir un sector más resiliente ante este tipo de crisis— sigue sin respuesta.
Carlos Zubialde
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