Así es como se ha pronunciado la justicia europea, las ayudas que el estado dio a Correos durante el periodo 2011-2020, que ascendió a 1200 millones de euros, se consideran ilegales, pero, esas mismas ayudas, no alteran la competencia.
Las ayudas fueron ofrecidas para afrontar la gestión del servicio postal universal, el que se encarga de la distribución postal a la que tiene derecho todos los ciudadanos españoles, y que sea un servicio de calidad y con un coste asumible.
Esta victoria judicial se la apunta el estado, y es que la sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como decíamos, son consideradas ilegales, pero en contra de lo que manifestaban UNO, la patronal de los operadores postales privados, y ASEMPRE, la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, no alteran la competencia. De forma más detallada, se considera ilegales las ayudas, no por su naturaleza, sino porque su aprobación y entrega a Correos se producía antes de que la Comisión Europea las hubiera estudiado y consentido previamente, que es como establece la normativa comunitaria para la gestión de este tipo de ayudas.
El servicio postal universal
En cumplimiento de la directiva postal europea, la prestación del servicio postal universal y su coste, corren a cargo de Correos, que incluye la paquetería postal ordinaria, las cartas ordinarias y las notificaciones por vía postal. En esta directiva, se entiende que la prestación de este servicio, puede ser deficitario para Correos, por lo que se posibilita que pueda ser compensado por el estado mediante distintos mecanismos, eso sí, siempre que estos no supongan una alteración de la competencia, sean transparentes y proporcionales.
Una de las grandes peleas entre las centrales patronales y el estado/Correos está precisamente en la parte proporcional, ya que la directiva es clara al indicar que las compensaciones no pueden ser excesivas, ya que si lo fueran, reducen la competencia mediante un falseamiento de las cuentas, y no garantiza el uso eficiente de los recursos públicos. Las patronales siempre han defendido que las ayudas han sido excesivas, y el despilfarro de dinero público, además de ser cuantioso, es utilizado como elemento de distorsión de la competencia, más en concreto, para subvencionar las ofertas a grandes clientes de servicio postal, en lugar de que su destino sea el servicio postal universal.
Estas dos patronales (UNO y Asempre) fueron las que presentaron en el año 2020 el recurso, que ahora ha sido sentenciado por el tribunal de justicia de la Unión Europea, al entender entonces, que la partida de ayuda de 1219 millones (originalmente la partida ascendía a, pero la comisión lo rebajo a los 1219 millones de euros finales), en contra de lo que la comisión opinaba, si falseaba la competencia y les perjudicaba directamente, además, como no, de estimar que la cuantía era absolutamente escandalosa.
Detalles de la sentencia
Tal y como ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las ayudas han sido declaradas ilegales porque fueron asignadas por la Comisión antes de que estas fueran aprobadas por ese mismo tribunal, pero aparte de eso, no considera que esa cuántica haya sido un elemento de distorsión de la competencia.
Por otro lado, ese mismo tribunal, desestima las reclamaciones por considerar que ambas patronales (UNO y Asempre), no tienen legitimación para presentar una impugnación de la decisión tomada por la Comisión. Y basa la desestimación al considerar que ambas patronales, para poder hacerlo, tiene que darse la situación en la que sus miembros resulten individualmente afectados por la decisión tomada, cosa que entiende el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no ocurre, ni tan siquiera en el caso de las propias asociaciones patronales.
Añade el tribunal que las patronales tampoco han podido demostrar de forma suficiente y con peso jurídico que la ayuda de los 12198 millones de euros, han afectado a la posición de los miembros de su organización en los mercados a los que se dirigía la ayuda, en resumen, que no han podido demostrar que los miembros de UNO y Asempre que se dedican a la parte postal, han podido demostrar que la ayuda ha afectado a nivel de competencia frente a Correos.
Este encontronazo judicial no es el primero ni posiblemente sea el último entre el estado y las patronales. Desde hace ya muchos años, el propio sector del transporte viene pidiendo una mayor transparencia con este tipo de ayudas, ya que se considera que no son gestionadas de forma correcta. Como ejemplo, de forma histórica se ha indicado que la división de Express de Correos, recibe una inyección de ayuda, que finaliza en una agresiva acción comercial en clientes de gran volumen.
