¿Vuelves a pagar tarde a tu proveedor de transporte?

Parece que sí, que la alegría de haber bajado el plazo en el pago por los servicios de transporte contratados, se ve truncado a la luz de los datos que refleja el observatorio permanente de la morosidad y pagos en el sector del transporte por carretera que elabora mes a mes Fenadismer.

Parece que sí, que la alegría de haber bajado el plazo en el pago por los servicios de transporte contratados, se ve truncado a la luz de los datos que refleja el observatorio permanente de la morosidad y pagos en el sector del transporte por carretera que elabora mes a mes Fenadismer.

El plazo de pagos en el mes de julio se sitúa en los 70 días de media, 10 días por encima de lo que establece la legislación de lucha contra la morosidad. Y lo peor es que el 53% de cargadores e intermediarios de transporte incumplen esta ley de forma sistemática. No viene nada mal recordar que la legislación establece que el plazo máximo de pago es de 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un plazo máximo legal de 60 días si así lo establecen las partes por escrito.

Es verdad que los 60 días se han instaurado como el plazo legal, pero no debemos de perder de vista que realmente son 30 días desde la prestación del servicio. Y este otro punto es también fundamental, se considera la fecha de prestación del servicio como referente, no cuando se hace la factura, ni cuando se remite la misma al cliente, ni cuando se recibe alguna documentación requerida como el CMR original, etc etc.

Señalar, igualmente, que el pasado mes de julio el plazo medio de pago se situó en 70 días, superior al mes anterior, y un punto porcentual inferior en el número de empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación sobre morosidad (53% den julio), de las cuales un 16% lo hicieron a más de 120 días. Como medio de pago, la transferencia sigue siendo la más utilizada, en el 75% de las operaciones, siendo la del confirming en el 21%.

Es necesario seguir manteniendo las políticas ya activadas desde el ministerio de transporte en lo referente a las inspecciones y sanciones a los cargadores e intermediarios que no cumplen con la legislación contra la morosidad, y ver si su evolución en los próximos meses tiene un impacto real sobre los pagos.