La implementación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en España esta siendo un proceso complejo y lleno de desafíos. Un año y medio después de la obligación legal para que las 151 ciudades de más de 50,000 habitantes tengan estas áreas, solo 24 están en funcionamiento, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Más de un centenar están en trámites, mientras que 13 ciudades ni siquiera han iniciado el proceso, las más rebeldes con la cuestión. Esta situación ha generado preocupación y críticas de varias entidades ecologistas y sanitarias aunque parece tener poco impacto sobre los políticos municipales.
Las zonas de bajas emisiones son, como sabemos, áreas donde se restringe la circulación o el aparcamiento de vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire; generalmente situadas en el centro de las ciudades, buscan reducir las emisiones de gases contaminantes y mejorar la calidad del aire. Sin embargo, la implementación ha sido desigual y muchas ciudades están retrasando la aplicación de la ley, más por una cuestión de pelea política que medioambiental.
Entre las ciudades más rezagadas se encuentran Valdemoro, Arganda y Aranjuez en Madrid, Motril en Granada, Barakaldo en Bizkaia, Ferrol en A Coruña, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María en Cádiz, Calvià en Mallorca, Orihuela en Alicante, Telde en Gran Canaria, Mijas en Málaga y Arona en Tenerife. Estos municipios rebeldes han recibido requerimientos de información por parte del Ministerio para la Transición Ecológica debido a su incumplimiento.
Algunos municipios han comenzado el proceso de implementación de las ZBE. Calvià, Mijas, Arona, San Cristóbal de La Laguna, Barakaldo y Motril están en las primeras etapas de planificación. Sin embargo, estos trámites pueden tardar meses o incluso años. Por ejemplo, Motril espera tener todo implantado para finales del próximo año, mientras que La Laguna trabaja para establecer zonas operativas antes de fin de año.
Varias organizaciones ecologistas y sanitarias, agrupadas en la campaña Clean Cities, han exigido el cumplimiento de la ley. Carmen Duce, portavoz de Clean Cities, critica a las ciudades que no han iniciado el proceso, calificándolas de "rebeldes" por retrasar la aplicación de la ley. Duce también señala que las ordenanzas de movilidad que se están tramitando son mínimas e incapaces de cumplir el objetivo de reducir emisiones.
La situación es especialmente preocupante en las ciudades más grandes como Barakaldo, Telde y San Cristóbal de La Laguna, que tienen la capacidad técnica para implementar estas áreas, pero parecen carecer de la voluntad política. Este retraso en la implementación no solo afecta la calidad del aire, sino que también pone en riesgo la salud pública y genera una incertidumbre para las empresas que deben de realizar su labor de transporte, reparto y distribución, por ejemplo.
El Ministerio para la Transición Ecológica también ha constatado que ninguna de las 11 islas principales españolas ha iniciado su ZBE insular, a pesar de la obligación legal. Esta situación ha llevado al ministerio a enviar requerimientos de información tanto a las urbes como a las islas incumplidoras.
Los ministerios de Transportes y Transición Ecológica están trabajando juntos para definir qué constituye una zona de bajas emisiones efectiva. Esta coordinación busca establecer criterios comunes para identificar las ZBE que realmente reducen el tráfico y la contaminación. Aquellas localidades que recibieron fondos europeos para implementar estas áreas y no lo han hecho correctamente podrían enfrentar sanciones o medidas correctivas.
El Defensor del Pueblo también ha iniciado una investigación para requerir información a las ciudades más retrasadas. Aunque no hay conclusiones definitivas, las actuaciones continúan y los técnicos siguen estudiando la documentación aportada. Las organizaciones ecologistas están considerando denunciar a las localidades incumplidoras por inacción o fraude de ley.
A partir de 2025, el Ministerio de Transportes exigirá a los ayuntamientos tener en marcha una ZBE si desean acceder a subvenciones estatales para el transporte público. Esta medida busca garantizar que los municipios cumplan con sus obligaciones legales y promuevan la movilidad sostenible.
Carlos Zubialde
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