Aun cuando todavía retumban las protestas de un buen número de empresas, que han sido multadas por el Ministerio de Transporte por pagar a sus proveedores de transporte fuera de la actual ley de plazos en España (60 días desde la realización del servicio), la Unión Europea quiere dar otra vuelta de tuerca, y propone acotar a 30 días el plazo máximo de pago en las facturas de cualquier servicio o compra.
La Comisión Europea ve como un paso fundamental reducir de los actuales 60 días a 30 días, para, por un lado, reducir la morosidad, y por otro, dotar a las empresas de menor tamaño de mayor financiación propia para que no tengan que buscar fuera esos recursos que necesitan para el mantenimiento de la actividad, y que lastra sus cifras de negocios.
Los plazos con los que trabaja la Comisión Europea son de presentar durante el mes de septiembre ante el parlamento Europeo el Reglamento que sustituirá a la Directiva Europea sobre Morosidad, para someterlo, posteriormente, a su aprobación, es decir, intentar dar máxima celeridad para la aprobación y aplicación inmediata por parte de la legislación de cada uno de los países de la unión, que son los que al final, gestionan la aplicación del reglamento.
Además, el documento presentado por la Comisión contempla el pago de tasas compensatorias e intereses en el caso de morosidad, dando carácter legal a los mismos, haciendo valer a las empresas de una herramienta que les permita una reparación efectiva a través de la mediación, y es que los costes de los litigios también son importantes dependiendo de la cuantía adeudada, más si tomamos como referencia una mediación judicial, que siempre tiene mayor coste.
Esta nueva reglamentación tiene puesto el foco en las pequeñas empresas y autónomos, verdaderos motores de la economía en Europa, y a los que la Comisión quiere dotar de herramientas y garantías para solucionar los problemas de la morosidad. Y es que en algunos países como España, exceptuando sectores concretos como el del transporte, los regímenes sancionadores están completamente parados desde hace más de una década, y es que, los partidos políticos se plegaron a la fuerza de ciertos lobbies económicos para no llevar adelante este reglamento, que ahora tendrán que actualizar y aplicar, en virtud de lo establecido por la Unión Europea.
Y decíamos transporte, porque en España sí que existe un Baremo Sancionador por Morosidad y, si el cliente se demora en pagar más de los 60 días legales, hay previstas sanciones económicas, que durante las últimas semanas han sido ya cursadas por el Ministerio de Transporte a distintos cargadores y operadores logísticos, que no cumplen con los plazos. El caso incluso llega hasta la publicación de la primera lista con 64 cargadores, que han sido sancionados, tal y como publicamos en informacionlogistica.com.
Algunas de las empresas sancionadas se han "excusado" en que el reglamento está destinado al transporte terrestre, buscando una salida por la tangente para mantener sus pagos a un plazo superior, pero si la reglamentación de la Unión Europea es aprobada, ya no hay excusas, todos deberán, deberemos de pagar la compra de nuestros servicios o productos en un plazo no superior a los 30 días, y olvidaremos aquello de que se pague con un pagaré a 90 días y cosas similares, que siempre terminaban soportando las espaldas de los más pequeños.
Artículo propiedad de Carlos Zubialde
contacto@informacionlogistica.com
