El debate sobre la implementación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en las ciudades españolas ha cobrado relevancia en los últimos meses y en informacionlogistica.com hemos tratado la cuestión en numerosas ocasiones. Los ministerios de Transportes y Transición Ecológica han iniciado una serie de reuniones para definir de manera coordinada qué se considera una zona de bajas emisiones auténtica, porque la picaresca tan típica de la cultura española también se refleja en esta cuestión.

Este esfuerzo busca desenmascarar aquellas áreas que, aunque implementadas, no cumplen con su propósito de reducir el tráfico y la contaminación. La Ley de Cambio Climático exige que todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes tengan una ZBE operativa, pero solo una minoría lo ha logrado, y no siempre de manera efectiva. Detrás de esto se esconde también una pelea política entre los distintos partidos y su visión sobre el cambio climático.

En teoría, las ZBE son áreas urbanas en las que se restringe el acceso a vehículos más contaminantes, generalmente los más antiguos, con el objetivo de mejorar la calidad del aire. Estas zonas se basan en las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT) para clasificar los vehículos según su nivel de emisiones. Los vehículos sin etiqueta (de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006) son los más afectados, representando aproximadamente el 32% del parque automovilístico en España.

Aunque la normativa estableció que todas las grandes ciudades deberían contar con una ZBE desde enero de 2023, solo unas pocas lo han hecho de manera efectiva. Muchas ciudades han adoptado medidas insuficientes o simbólicas, sin impacto real en la reducción de la contaminación. Por ejemplo, en Sevilla, la ZBE se implementó en La Cartuja, una pequeña zona empresarial con poco tráfico, y con numerosas excepciones que diluyen su efectividad. Similarmente, Zaragoza ha delimitado una área minúscula en el centro (una plaza), y otras ciudades como Valencia solo aplican restricciones durante picos de contaminación.

Para abordar estas deficiencias y disparidad de criterios, los ministerios de Transportes y Transición Ecológica están trabajando conjuntamente para establecer criterios comunes que determinen la efectividad de las ZBE. Esta colaboración busca evitar que cada municipio interprete la ley a su manera, creando zonas que no cumplen con los objetivos de reducción de tráfico y contaminación. La meta es garantizar que las ZBE realmente contribuyan a la mejora de la calidad del aire y a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la disparidad del criterio en el ámbito municipal era algo que ya de sabia que ocurriría y que el Ministerio no quiso ver en su momento.

Otro aspecto crucial es la fiscalización de los fondos europeos destinados a la creación de ZBE. Transportes insiste en que los municipios que han recibido estos fondos deben demostrar que sus ZBE cumplen con los objetivos previstos. En caso contrario, se exigiría la devolución de las ayudas. Esta medida busca asegurar que los fondos se utilicen de manera efectiva y que las ZBE implementadas sean genuinas y no meros proyectos cosméticos como los que hemos podido señalar.

A pesar de los esfuerzos, muchas ciudades aún no han cumplido con la normativa. Un gran número de urbes sigue retrasada en la implementación de sus ZBE, algunos incluso sin haber iniciado los trámites necesarios. Esta situación ha motivado una investigación del Defensor del Pueblo, quien ha solicitado información a varios ayuntamientos sobre el estado de sus proyectos.

La resistencia a implementar ZBE efectivas también ha generado preocupación en organizaciones ecologistas que han lanzado comunicados criticando la inacción y la desobediencia de algunos ayuntamientos, señalando que esta actitud pone en riesgo la salud pública y la reputación de España en la gestión de los fondos europeos.

Ante la falta de un régimen sancionador claro en la ley, el gobierno está explorando alternativas para aumentar la presión sobre los municipios incumplidores como exigir la devolución de los fondos europeos o aplicar descuentos en las transferencias de los presupuestos generales del Estado a los consistorios que no cumplan con la normativa.

Lo que está ocurriendo con las ZBE en definitiva, es algo que ya se tenía previsión que ocurriera, y es que el Gobierno legislo y "traspaso" la pelota a los municipios, sin poner negro sobre blanco los límites de las normativas. Y no hemos hablado de la consecuencia que todo esto tiene para sectores como el transporte y la distribución, que quedan en una absoluta indefensión e inseguridad para afrontar posibles inversiones de flota, por ejemplo.

Carlos Zubialde

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