Más tarde que pronto, las zonas urbanas con acceso restringido comienzan a ser una realidad en la geografía de España. Actualmente cerca del 10% de las poblaciones españolas con más de 50.000 habitantes ya cuentan con zonas habilitadas de acceso restringido. Cabe recordar que este tipo de poblaciones están obligadas a contar con este tipo de zonas restringidas.
Donde se aprecia una diversidad es en el modo que se gestiona este tipo de áreas, casi un 70% de estas poblaciones han creado zonas de movilidad restringida (acceso solo a una tipología de vehículo no contaminante). Pero no todas las poblaciones obligadas están adoptando estas medidas, un 22% del total no han puesto en marcha ningún tipo de acción.
Está claro que cara al futuro no tan lejano, un 90% del total de poblaciones españolas contará con zonas de estas características, añadido a que un buen número de ellas, planteara la prohibición del acceso de vehículos contaminantes a sus núcleos urbanos. Este panorama plantea al transporte y la distribución una situación ciertamente complicada, sobre todo por la inexistencia de un marco legal regulatorio unificado. La regulación normativa es responsabilidad de cada municipio, poder que los ayuntamientos no están por la labor de sacrificar, y que tendrá una consecuencia en forma de regulaciones distintas, en función de la población.
La falta de un criterio unificado, supone un problema de dimensiones importantes para las empresas de transporte, es un riesgo importante, ya que ante la falta de una norma igual en todas las poblaciones, rompe con la unidad del mercado. Algunas compañías pueden decidir dejar de realizar la distribución en determinadas zonas ante la imposibilidad de acceder o la fuerte inversión que le puede suponer la tipología de vehículo que se le exige. La falta de unificación de las normas puede tener una consecuencia sobre la población, como la suspensión de la distribución de mercancía en su entorno urbano.
Otro aspecto a tener en cuenta es como se está afrontando desde los municipios la creación de un “nuevo modelo” de distribución. Se priorizan acciones de digitalización de la gestión de zonas de carga y descarga, el impulso de microhubs o la reactivación de repartos “disuasorios” (en horarios nocturnos y horas valle). La realidad es que todo ello, por el momento, no está teniendo un traslado “real”.
¿Obligarán los consistorios a las empresas de transporte y distribución al uso obligatorio de su red de microhubs para el reparto de última milla por ejemplo?
Queda recorrido por hacer y ver, pero el camino ya está marcado.
Artículo propiedad de Carlos Zubialde
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